El Ejecutivo presentó el proyecto de ley que pretende penalizar con pena privativa a la libertad de hasta cuatro años a los operadores de justicia, así como a las partes comprometidas en un proceso penal, en tanto se acredite que difundieron información reservada o secreta del proceso penal. 

En concreto, el proyecto incorpora al Código Penal, el delito de difusión de información reservada en la investigación penal.

Esto ha encendido las crítticas desde diversos sectores académicos que consideran que la propuesta representa un amenaza a la libertad de información. En ese sentido, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS)  ha calificado el proyecto como inconstitucional y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú también la ha criticado en ese mismo sentido.

El proyecto fue enviado a la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, y lleva la firma del jefe de Estado, Pedro Castillo, y de Aníbal Torres, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La iniciativa propone la incorporación del articulo 409 C en Código Penal y una modificación al artículo 324 para sancionar la difusión de información reservada de una investigación penal.

“La presente ley tiene por objeto incorporar en nuestro ordenamiento jurídico el delito de difusión de información reservada en la investigación penal, el cual busca salvaguardar la información reservada a la que se tiene acceso por el cargo o función que desempeñan los operadores de justicia y las partes procesales en general. Asimismo, busca garantizar que los actos de investigación alcancen a sus fines, sancionar el delito, restaurar la lesión ocasionada por este y asegurar la paz social”, se indica en el proyecto.

Las penas que establece el proyecto

El proyecto establece que, si el responsable de la difusión de información fiscal es un imputado agraviado, abogado o representante legal de cualquiera de las partes será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 1, ni mayor de 2 años. En el caso la filtración sea cometida por un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente admirativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía Nacional la pena será no menor de 2 ni mayor de 3 años.

Por otro lado, el proyecto del Ejecutivo precisa que si cualquiera de los sujetos antes mencionados difunde directa o indirectamente información fiscal a través de los medios de comunicación social y otros de difusión masiva será sancionado con una pena privativa de la libertad no menor de 2 años ni mayor de 4.