El congresista Wilson Soto Palacios de Acción Popular presentó el Proyecto de Ley 3083/2022-CR para prohibir que los ministros censurados no vuelvan a liderar otros ministerios.

En concreto, el proyecto plantea modificar el artículo 124 de la Constitución Política del Perú e incorpora el requisito de no haber sido censurado para ser ministro de Estado.

Artículo 124.- Requisitos para ser Ministro de Estado Para ser Ministro de Estado, se requiere ser peruano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido veinticinco años de edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser ministros.

(…)

La propuesta legislativa cuestiona que funcionarios purgados por incapaces, inmorales o involucrados en actos delictivos, permanezcan en el Estado, luego de haber sido censurados por el Congreso. En esa misma línea, explica que los ministros de Estado son censurados por no cumplir las excectativas, planes, proyectos, etc. 

Debido a estas y otras consideraciones, el proyecto de norma asegura que al censurar a un ministro que tiempo después retorna al Ejecutivo, se denigra la formación de profesionales de la gestión pública. En esa misma línea, el autor de esta propuesta invocó el artículo 38 de la Constitución Política del Perú, entre otros:

Artículo 38.- Deberes para con la patria Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.

Líneas más abajo, en autor sostiene que el presidente de la Reública no tiene restricciones en torno a la reincorporación de un ministro censurado al Ejecutivo. Además, sugiere una lectura política interesante sobre la decisión del presidente de la República al reincorporar al ministro censurado: 

El Presidente de la República, al no tener restricción constitucional o legal para incorporar a un ministro debidamente censurado, por causas que lo descalifican para el cargo, lo puede reponer en otra cartera ministerial, lo que evidentemente se ve como una afrenta y burla a la labor de control político del Congreso de la Rpeública, que encarna la representación nacionall, lo que causa además conflictos innecesarios entre los poderes del Estado y que perjudican directamente el normal y correcto funcionamiento de la adminsitración pública y por ende retardan el cumplimiento de metas parara el cierre de brechas sociales. 

Finalmente, el proyecto asegura que no contraviene ninguna norma legal vigente  que no le irrogaría gastos adicionales al Estado, pues la modificación constitucional busca que los servidores o funcionarios públicos, sean idóneos y capaces, con virtudes adecuadas para manejar los recursos y el patrimonio del Estado en beneficio de la población.

Revise aquí el proyecto de ley