El Tribunal Constitucional (TC) evaluó la demanda de hábeas corpus que presentó el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, contra el Congreso de la República que busca anular el proceso que se inició ante el Congreso por el presunto delito de traición a la patria.

El incidente que recoge la denuncia contra Pedro Castillo Terrones se produjo durante una entrevista al medio internacional CNN en Español. El Jefe de Estado fue entrevistado por el periodista Fernando del Rincón, en enero de este año, y fue consultado sobre los comentarios que realizó antes de su campaña presidencial para cederle a Bolivia, país vecino, una salida al mar.

Este recurso constitucional se sustenta en el hecho de que, como mencionó el defensor legal del presidente de la República, no existe debida motivación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y en la consideración que un juez constitucional sí está habilitado para pronunciarse si es que hay un abuso y exceso en las comisiones del Congreso.

El abogado advirtió que, de proceder el caso en el pleno del Poder Legislativo, se pondría en riesgo los derechos de Castillo Terrones al debido proceso, debida motivación e incluso a su libertad y a su permanencia en el cargo. 

Lo parafrasean, lo esconden (lo que dijo sobre no dar mar a Bolivia) y buscan los votos y dicen ‘ya tenemos los votos contados’ porque esta sería la tercera forma de vacarlo y buscan de forma desesperada, propia de la Santa Inquisición, advirtió el abogado.

También manifestó que el hecho de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, así como la Comisión Permanente, lo citen para ejercer su defensa no significa que se esté respetando el debido proceso porque buscan inhabilitarlo solo para que, ya fuera del cargo, se reconozca que no cometió delito.

Aquí todos los congresistas han salido públicamente a decir que ya tienen los votos para vacar al presidente de la República. No es un acto de justicia que el día de mañana a las 9 se le ha citado para que exponga. Es un acto de mera formalidad para que proceda este delito de traición a la patria cuando el hecho no constituye delito, advirtió.

A su turno, el procurador del Congreso de la República, Yuri García Cano, replicó asegurando que se han seguido todos los procedimientos establecidos en la Constitución y en el Reglamento del Poder Legislativo.

Durante el desarrollo de la audiencia, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, criticó con severidad la posición que el procurador público del Congreso de la República intentó defender. 

Usted está tumbando décadas de políticas de integración latinoamericana. Está llevando al péndulo de la condena a Haya de la Torre, Antenor Orrego, Mariátegui, Basadre, Victor Andrés Belaunde. ¿Usted cree que la opinión es un delito? 

Esta pregunta la formuló en atención a lo expresado por el presidente de la República durante la entrevista con Fernando del Rincón. Es importante recordar que nuestro Código Penal regula el delito de traición a la patria en los siguientes términos: 

Artículo 325.- Atentado contra la integridad nacional

El que practica un acto dirigido a someter a la República, en todo o en parte, a la dominación extranjera o a hacer independiente una parte de la misma, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años.

Al respecto, el magistrado Manuel Monteagudo Valdez le preguntó con insistencia cuál era el acto que desplegó el presidente para someter a la República, de acuerdo a lo que indica el artículo de nuestro Código Penal. En ese sentido, le «rogó» que en su respuesta fuese jurídica.