La congresista Sigrid Bazán acaba de presentar el Proyecto de Ley 4539/2022-CR que plantea que los trabajadores que denuncien la gestión de la seguridad y salud en el trabajo no puedan ser amedrentados ni hostigados.

Sin embargo, la fórmula legal del proyecto incluye tres párrafos controvertidos al artículo 73 de la Ley de fomento del empleo, en torno a la protección de los trabajadores.

El primero menciona que los trabajadores que participen, testifiquen o interpongan denuncias vinculadas al ámbito de la seguridad y salud en el trabajo están protegidos contra actos de hostilidad. Es decir, que los trabajadores que denuncian una aparente mala o indebida gestión de la seguridad y salud en el trabajo estarían protegidos. 

El segundo punto indica que la terminación o no renovación de contratos sujetos se presumirán como actos de amedrentamiento y serán considerados actos de represalia, en tanto se hayan producido tras la participación del trabajador en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. 

En esa línea, el tercer item señala que los actos de hostilidad, amedrentamiento, la terminación o no renovación de contratos modales que tengan por finalidad la conclusión del vínculo laboral son equiparables al despido nulo.

Los trabajadores que participen o testifiquen en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo; o interpongan denuncias vinculadas a la gestión de la seguridad y salud en el centro de trabajo están protegidos contra cualquier acto de hostilidad, acto de amedrentamiento u otra medida coercitiva por parte del empleador.

Del mismo modo, la terminación o no renovación de contratos sujetos a modalidad se presumirán como actos de represalia cuando se practiquen con posterioridad a la participación, testificación o denuncia vinculada al ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.

En estos casos, los actos de hostilidad, amedrentamiento, la terminación o no renovación de contratos modales que tengan por finalidad la conclusión del vínculo laboral son equiparables al despido nulo.

En concreto, este proyecto pretende que los trabajadores puedan ejercer representación de sus compañeros en el comité o subcomité de seguridad y salud en el trabajo, o incluso ejercer como supervisor de seguridad y salud en el trabajo sin riesgo de ser hostigados.

Líneas más abajo, el proyecto precisa que la protección jurídica del trabajador comprende desde la convocatoria hasta el proceso de elección de los representantes del comité, subcomité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo y por un plazo de hasta seis meses luego de concluir sus funciones.