El Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este condenó a tres años de pena privativa de libertad con ejecución suspendida contra los hermanos Sheyla Villarreyes Vásquez y Marco Antonio Villarreyes Vásquez, acusados de encubrimiento a Félix Moreno.

La jueza María Elena Morocho Mori dictó la sentencia después de aprobar el acuerdo arribado con la Fiscalía. El fallo indica que la pena está sujeta a reglas de conducta y al pago íntegro de la reparación civil de S/2 mil, cada uno.

Este lunes los hermanos Villarreyes Vásquez fueron detenidos en la vivienda de Cieneguilla donde estaba escondido el ex gobernador regional del Callao, quien se encontraba prófugo de la justicia desde hace 10 meses. Ambos fueron conducidos al Departamento de Investigación Criminal de La Molina por haber cometido el delito de encubrimiento personal.

Según el Código Penal, no es lo mismo encubrir u ocultar a una persona procesada o sentenciado por un delito, cuya pena es mayor a 20 años, que a alguien que ha cometido un delito menor. Por eso, ayer, tras tomar en cuenta los agravantes, la Primera Fiscalía de Lima Este solicitó nueve meses de prisión preventiva para los dos hermanos.

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“Este delito se sanciona con una pena de tres a seis años, es menor, por lo que no amerita que se le dicte prisión preventiva. Ellos tuvieron una relación de un año y medio, pero ella no estuvo con él los 10 meses de clandestinidad. Fueron visitas esporádicas que le hizo; y su hermano, mucho menos. Solo acudió ese día para alcanzarle unos víveres a la casa de Cieneguilla”, sostuvo Sergio Jaimes, abogado de Sheyla Villarreyes, en entrevista para El Comercio.

Jaimes, además, reconoció que ambos hermanos y el propietario del inmueble, Livio Dulanto, firmaron un contrato de alquiler por US$ 1 700 para vivir un mes en la casa de mil metros cuadrados. Todo esto fue evaluado por el Ministerio Público.

Por su parte, Félix Moreno fue trasladado, este miércoles, al penal Ancón I, para cumplir las dos penas en su contra. El pasado 17 de enero de 2019 se ordenó que cumpla cinco años de prisión efectiva, por los delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado, por la venta sobrevalorada de un terreno en el fundo Oquendo, en 2011.

La segunda orden de prisión se dio el 22 de febrero de 2019, cuando la Corte Superior del Callao lo condenó a cinco años por el delito de colusión en la inconclusa construcción de la nueva sede de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), en 2009.