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Saltando las cercas

Saltando las cercas

César Azabache Caracciolo: «La separación de Sánchez y Castro es algo que debemos lamentar. Debemos lamentarlo porque dice poco de nuestras organizaciones que dos fiscales originalmente emblemáticas puedan sostener una disputa como la que hemos visto sin que nadie encuentre una forma de estabilizar las cosas. Dice menos que dos fiscales que han presentado tanto hayan “saltado la cerca” sin que hasta ahora pueda haber una explicación clara del hecho».

Por César Azabache Caracciolo

viernes 26 de febrero 2021

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Noviembre de 2020 nos sorprendió con la disputa entre los fiscales Vela y Tello por la competencia para dirigir los casos Vizcarra. Ambos tenían razones atendibles para reclamar la dirección de esas investigaciones. Pero por alguna razón por establecer el Ministerio Público no pudo resolver el asunto a la interna”. La cuestión se formalizó y se hizo pública como si se tratara de un litigio entre personas desvinculadas y se resolvió, no sin daños, por vías formales abiertas al público. En el eco de la disputa, el procurador Enco, que decidió organizar su propia controversia con la procuradora Carrión por los mismos casos, termino renunciando.  Pero, aunque no en el mejor formato imaginable, esta disputa se resolvió y hoy ambos fiscales superiores están fortalecidos en sus propios ámbitos de actividad.

 

Anotación para la lista de tareas por armar: Desde cierto punto de vista la disputa entre los fiscales Vela y Tello resulta de un momento en que el Ministerio Público mantiene a la vez, sobrepuestas, varias capas de competencias que no dialogan entre sí: Entre las fiscalías hay fiscales penales comunes, competentes por el territorio y por el turno; fiscales competentes por el nombre del delito a investigar, como los dedicados a los casos por lavado de activos; fiscales por casos, como los fiscales para el caso Odebrecht y los fiscales para los casos de los llamados “cuellos blancos”; fiscales de jurisdicción provinciales y fiscales de jurisdicción nacional.. No es entonces imposible que en el futuro se produzca otra disputa como la del caso Vizcarra. Tal vez, lo que habría que volver a mirar entonces son las reglas de distribución de competencias de las fiscalías y los procedimientos internos de intercambio de información, asignación de casos y solución de disputas.

 

Las disputas en el equipo de fiscales del caso de los llamados “cuellos blancos” comenzaron hacía en setiembre de 2020, poco antes que se divulgara una cadena de mensajes intercambiados por la fiscal Sánchez con el abogado Magno Salcedo, del partido morado, sobre una citación recibida por Julio Guzmán, ahora candidato de ese partido a la presidencia de la república. Trataron sobre el significado de esos mensajes, sobre la organización interna del equipo, desde la designación de la fiscal Sandra Castro como coordinadora provincial hasta la designación del Fiscal Supremo Sánchez Velarde como coordinador general, y trataron sobre la elección y forma de tratar a los colaboradores eficaces elegidos por uno de los equipos en los demás equipos.

 

A principios de año entendimos que las diferencias habían menguado, pero hace dos días trascendió que la fiscal Jáuregui, del mismo equipo que las fiscales Castro y Sánchez denunció que la fiscal Sánchez estaba favoreciendo a Antonio Camayo, un empresario privado que ha solicitado clemencia a cambio de colaborar con la fiscalía. La empresa de Camayo solicitó al judicial que se descongelen sus cuentas y la fiscal Sánchez, en una audiencia celebrada en setiembre de 2020 se declaró conforme con la medida. Si Camayo está en un proceso de colaboración eficaz, entonces las acciones que la fiscal Jáuregui denuncia como favores injustificados podrían ser más bien, correcta o incorrectamente adoptadas, parte o resultado de las negociaciones reservadas que se están desarrollando. No lo sabemos, pero nuevamente encontramos una disputa que debió resolverse “a la interna” del equipo, armonizando los criterios empleados colectivamente para negociar con los candidatos a beneficios por delación.

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Segunda nota para la lista de tareas por resolver: Los equipos de fiscales no funcionan si no funcionan como equipo; y el Ministerio Público completo, como organización, no funciona si no desarrolla directivas claras que permitan a cada equipo elegir qué hacer y cómo resolver sus diferencias sin tener que llegar a los medios o a litigios formales entre magistrados.

 

En el marco de la última disputa las finales Sánchez y Castro, con intenciones aparentemente distintas, terminaron relatando que, en el primer semestre de 2019, esto es antes que estalle el escándalo de los llamados “CNM audios” que dio origen al caso de los llamados “cuellos blancos”, ambas se reunieron en un departamento en San Isidro con el vicepresidente que estaba por reemplazar o que acababa de reemplazar a Kuczynski.

 

La fecha exacta de esta reunión no ha quedado clara. Y en realidad, justifica más de una pregunta.

 

La fiscal Castro sostuvo que la reunión con Vizcarra se llevó a cabo en julio de 2018. Para entonces, Vizcarra ya se había instalado en palacio de gobierno. En consecuencia, la reunión no tendría por qué haber llevarse a cabo en San Isidro. Si se hubiera pactado que fuera allí se habría hecho un esfuerzo muy singular por llevarla a escondidas o para conceder una especial deferencia a la fiscal Castro, que vivía en las inmediaciones. Ese esfuerzo, además de extraño, habría dejado alguna huella, al menos en los registros de los vehículos oficiales que ya cuidaban al Presidente en ejercicio.

 

Al otro lado, la fiscal Sánchez ha insistido en que la reunión se llevó a cabos hacia marzo de 2018. Para esa fecha Vizcarra aún vivía en San Isidro. Tendríamos que hablar de fines de mes, porque Kuczynski renunció el 21 y Vizcarra dejo la embajada de Canadá el 23. El caso “CNM audios” no estalló hasta julio, de modo que cualquier tensión en el momento debería corresponder a las filtraciones que, se dice, amenazaban ya las investigaciones. Usar algún ambiente en el condominio en que vivía Vizcarra y también vivía la fiscal Castro sería menos llamativo en esa fecha. Vizcarra ha dicho que la reunión fue solicitada por la señora Ascama Chacaliaza, la propietaria del departamento en que se reunieron. Pero la señora Chacaliaza falleció hace unas semanas, de modo que no podrá confirmar ni negar el hecho.

 

En cualquier caso, para finales de marzo o principios de abril de 2018, Pablo Sánchez seguía siendo Fiscal de la Nación. Cualquier temor derivado de las influencias del entorno del entonces Fiscal Supremo Gonzalo Chávarry o cualquier necesidad de seguridad tendría que haber sido naturalmente reportado a Sánchez ¿Tendría sentido saltar la cerca para llegar al presidente de reemplazo sin consultar primero la avezada maniobra con el principal defensor de las corrientes que disputaban el control de la fiscalía con el entorno de Chávarry? No dudo que, si esa maniobra hubiera sido resultado de una decisión del fiscal Pablo Sanchez, Sánchez habría dejado en claro en estos días qué ocurrió exactamente. El evento habría sido políticamente arriesgado, pero tendría una narrativa que merecería ser puesta en discusión. Del silencio de Sanchez deduzco que él jamás fue consultado sobre esto. 

 

El fiscal Chávez Cotrina ha dejado asentada por escrito su protesta por el evento. Chávez Cotrina es uno de los fiscales superiores en ejercicio con mayor influencia dentro del Ministerio Público. Pero además tiene una reputación intachable y era, en todos estos momentos, finales de marzo, principios de abril o julio, el coordinador del equipo de fiscales contra la criminalidad organizada al que pertenecían ambas, la fiscal Sánchez y la fiscal Castro. Saltar la cerca para pedir el apoyo de Vizcarra sería muy extraño en marzo, cuando Pablo Sánchez aún era Fiscal de la Nación. Pero sería igualmente extraño en marzo o en julio, cuando la persona con la que consultaría esto cualquier fiscal provincial era el fiscal Chávez Cotrina. La indignación con que Chávez Cotrina ha reaccionado en medios contra el evento es entonces absolutamente explicable. Haber pasado por encima de su jefatura implica poco menos que declarar en público que ninguna de las dos lo encontraba confiable. Y esto representa una acusación tácita que encuentro absolutamente desproporcionada.

 

Lamento decirlo, pero en esta condición, si nada cambia, no encuentro un escenario en que la historia del pedido de apoyo cuadre. Ni en la versión de la fiscal Sánchez ni en la versión de la fiscal Castro.   

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La clave que debería llevar a resolver las incógnitas que aún tiene este caso parece estar en la presencia en la reunión de un oficial de la policía que ha sido identificado como el mayor PNP Manuel Arellanos Carrión, adscrito por entonces a la Digemin y al equipo a cargo de las interceptaciones. Si él estuvo en la reunión tiene sentido establecer con precisión milimétrica que grabaciones habían sido puestas en relieve a esa fecha en el equipo a cargo de las investigaciones del caso, especialmente porque en medios se viene sosteniendo que las más importantes eran aquellas en las que Walter Ríos, siendo aún presidente de la Corte del Callao, celebrada la designación de Vizcarra como presidente contando la excelente relación personal que tenía con Antonio Camayo. De hecho, las delaciones de Camayo parecen ser parte de las disputas que vienen quebrando al equipo especial al menos desde finales del año pasado.

 

¿De qué se habló en realidad en esa reunión? ¿Cuándo se llevó a cabo y cómo lo confiramos? ¿Qué información exactamente había puesto en relieve la policía y compartían las fiscales Castro y Sánchez para entonces? ¿Cuántas personas sabían que esa reunión se llevaría a cabo y a cuántas personas se les contó lo que allí ocurrió?

 

Por aquí debemos empezar en una historia que, probablemente, no será corta y tampoco agradable.

 

El 23 de febrero, como todos sabemos, las fiscales Sánchez y Castro han sido apartadas del caso que originó la clausura del Consejo Nacional de la Magistratura y la instalación de Junta Nacional de Justicia, pero que hasta la fecha no tiene una sola acusación ni una sola condena. Tercera nota para la lista de tareas: El tiempo siempre es un factor de importancia. Los casos complejos no son fáciles de manejar en ninguna parte del mundo, y usualmente toman siempre más tiempo del que nos gustaría que tomen. Pero además pueden convertirse en una pesada carga para una organización dedicada a tratar temas sensibles. Menos tiempo en la preparación también ayuda a aliviar el efecto corrosivo que de otra manera daña la operatividad de las organizaciones.

 

La separación de Sánchez y Castro es algo que debemos lamentar. Debemos lamentarlo porque dice poco de nuestras organizaciones que dos fiscales originalmente emblemáticas puedan sostener una disputa como la que hemos visto sin que nadie encuentre una forma de estabilizar las cosas. Dice menos que dos fiscales que han presentado tanto hayan “saltado la cerca” sin que hasta ahora pueda haber una explicación clara del hecho.

La bondad que asignamos a nuestros propios fines no justifica que saltemos las cercas.

Pero lo que toca ahora es relanzar a las fiscalías.


César Azabache. Abogado en ejercicio, fundador de Azabache Caracciolo Abogados, miembro del Instituto Peruano de Ciencia Procesal Penal y del Consejo Consultivo de la Revista Gaceta Penal. Está ubicado entre los tres expertos en casos penales más influyentes del medio conforme a Chambers & Partners y a Enfoque Económico.

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