El Congreso de la República publicó la Ley N° 31380, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica.

La finalidad de la delegación de facultades es fortalecer la actuación del Poder Ejecutivo en materia de gestión económica y tributaria, así como en la lucha contra la evasión y elusión tributaria, para contribuir al cierre de brechas sociales prioritarias y lograr el bienestar de la población.

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¿Cuánto tiempo tiene vigencia la delegación de facultades?

El plazo que tiene el Poder Ejecutivo para legislar sobre las materias a las que hace referencia el artículo 3, es de noventa (90) días calendario, contados a partir de la vigencia de la presente ley, en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento del Congreso.

¿Cuáles son las materias de delegación de facultades legislativas?

El Gobierno podrá legislar sobre materias tributaria y fiscal. Algunas de las medidas tributarias a aprobarse en el marco de esta delegación de facultades son la modificación de la Ley del Impuesto a la Renta y demás normas que regulen el impuesto a la renta para, por ejemplo, modificar las rentas netas presuntas de fuente peruana que perciban los contribuyentes no domiciliados y las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país.

En el marco de la delegación de facultades sobre materia financiera se permitirá dictar medidas específicas para el fortalecimiento del Banco de la Nación, a fin de garantizar su solvencia patrimonial a largo plazo, así como a través de la modernización de sus instrumentos de gestión de recursos humanos, logísticos y tecnológicos.

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Sobre la reactivación económica, en el marco de la promoción de la inversión privada se podrá establecer, hasta el 31 de diciembre de 2022, medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación de procedimientos a cargo de las entidades del Estado en materia de inversión privada y público-privada, que impulsen la reactivación económica y permitan optimizar su ejecución.

Asimismo, se incorporarán modelos de gestión integral de proyectos con la finalidad de fortalecer su gobernanza y mejorar la gestión de la inversión público-privada. Estas medidas no deberán afectar el principio de transparencia, ni restringir las competencias y atribuciones del Sistema Nacional de Control otorgadas por la Constitución Política del Perú y su ley orgánica.

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