El fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, anunció la ampliación de la investigación preparatoria en contra de Keiko Fujimori, por los presuntos delitos de asociación ilícita, falsa declaración, fraude procesal y falsedad genérica. Esta medida se da dos semanas después de que el Tribunal Constitucional decidió por mayoría (4 votos contra 3) anular la prisión preventiva que venía cumpliendo la excandidata presidencial.

En la disposición N°145, suscrita el 6 de diciembre, el fiscal Pérez también incluyó a la empresa del esposo de Keiko Fujimori, MVV Bienes Raíces S.A.C., en la investigación. “Es posible que se haya utilizado a la empresa formada por el investigado Mark Vito Villanella para el ocultamiento de activos ilícitos recibidos por su cónyuge, en relación a todos los activos que recibió durante el desarrollo de sus actividades como candidata presidencial”, se lee en el documento.

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Además, figuran Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Adriana Tarazona, José Chlimper Ackerman, Carmela Paucara, Antonietta Gutiérrez Rosati, Ana Cecilia Matsuno Fuchigami, Rafael Herrera Mariños, Erika Yoshiyama y el exministro de Educación Jorge Trelles Montero, como los implicados en el pedido de formalización de la investigación preparatoria por el presunto delito de asociación ilícita y organización criminal.

Entre los nuevos elementos presentados por José Domingo Pérez, están los testimonios de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, quien aseguró que Keiko Fujimori conocía que los aportes provenían de la empresa Odebrecht; así como las declaraciones de los empresarios Dionisio Romero Paoletti y Vito Rodríguez Rodríguez, quienes afirmaron haber aportado US$3,65 millones y US$200 mil dólares en efectivo, respectivamente, a la lideresa de Fuerza Popular en persona.

Según el documento fiscal, también se dispone ampliar la investigación preparatoria por el delito contra la administración de justicia, en las modalidades de falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal, así como por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica. Todas estas infracciones están tipificadas en los artículos 411°, 416° y 438° del Código Penal, respectivamente, en agravio del Estado.

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Respecto al delito de falsa declaración, este se dio al presentar la información económico-financiera de ingresos obtenidos y de gastos efectuados en las campañas electorales del año 2016, en la que se declaró como aportantes a personas que no habrían realizado alguno.

En el caso del delito de fraude procesal, la Fiscalía señala que la entidad estatal no admitió ningún procedimiento sancionador a Fuerza Popular, ya que la organización se adecuó a las normas establecidas en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, con la información de falsos aportantes.

Finalmente, sobre el delito de falsedad genérica, la disposición dice que se debe a “burlar la labor estatal de supervisión de fondos partidarios de competencia de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, perjudicando su función de verificación y control sobre las finanzas partidarias de los partidos políticos».