Es bastante común asumir que las leyes son una cuestión únicamente de abogados y que cualquiera que, no perteneciendo a la profesión, opina sobre ellas es un leguleyo, un aprendiz de abogado o, lo que es peor, un “tinterillo”.

Ocurre, sin embargo, que la trama institucional de una nación se asienta en las leyes en su sentido formal, pero hay que reconocer que su urdimbre es el conjunto de hilos políticos usados para tales fines, lo cual en principio no sería asunto de abogados. Excúsenme el ejemplo de hilandería pero se me antoja gráfico para mostrar que la llamada institucionalidad de un Estado –que es lo que organiza a una nación y, creo yo, la lleva a la modernidad– es un conjunto de hilos enlazados con mucha precisión.

¿Qué pasa cuando esos hilos no se aguantan entre sí, han envejecido, se han debilitado o apolillado? La respuesta es obvia y apena mucho que esto también ilustre el estado actual de cosas en el Perú, pues la institucionalidad deja de ser el conjunto de hechos armónicos que hace que las cosas y los entes funcionen en una sola dirección y pasa a ser un asunto inextricable o solo de abogados; la llamada judicialización de la política.

Es decir, hoy no se discute cómo aplica la autoridad las reglas si no cuáles son las reglas y cuáles faltan, perdiendo de vista el fondo del tema, o sea, que la organización estatal peruana ha dejado de ser urdimbre y trama y está deshilachada. Así las cosas, todo indica que el debate político ha quedado fuera de los políticos, por paradójico que esto suene, vista su enorme capacidad para no comprender lo que pasa alrededor –en muchos casos, producto de una interesada y rentable miopía–. Sé que toda generalización es injusta y habrá políticos respetables, pero igualmente ineficaces en lo que hacen.

Existen, en este sentido, tres temas que han fenecido de manera súbita: i) El voto voluntario; ii) el voto preferencial; y, iii) la Ley de Partidos Políticos. Me parece que es el orden lógico, y aunque no oculto mi completa inclinación a que el voto electoral deje de ser obligatorio, hay que ser conscientes del efecto cruel que esto tendría para las organizaciones políticas que aún subsisten, pues les obligaría a trabajar todo el tiempo para tener adeptos y no solo tres meses antes de cada elección.

Su ventaja es que nos ahorraría el triste espectáculo que dimos con más de 100,000 personas candidateando a algo en octubre pasado, con un incentivo al parecer superior al del modesto afán de servicio al país. El voto preferencial me suena colofón de lo anterior y la Ley de Partidos Políticos tendrá sentido cuando lo primero se apruebe. En suma, el caldo de cultivo que nos tiene como nos tiene en la vida política es el voto obligatorio, según mi punto de vista. Suprimirlo nos llevará a otros retos y a otras dificultades, pero eso es incomparablemente mejor que asistir a lo que vivimos estos días, a nivel nacional.

Regresando al principio, el rol (más bien el reto) de los abogados sugiero que sea el de dotar de sustancia a estas reformas, abstrayéndose y prescindiendo del contexto político.