Pero pongamos las cosas claras desde el inicio. No niego que uno de los fines esenciales del ordenamiento jurídico es garantizar la primacía de los derechos fundamentales de la persona, pero afirmar esto está muy lejos de creer que los derechos no tienen más limitación que la naturaleza de su propio contenido. La cruda realidad es que los derechos no son gratis. Tal y como han demostrado los profesores Holmes y Sunstein en su estupendo libro “El costo de los derechos”, los derechos, en realidad, cuestan. 

Todos nuestros derechos dependen de los ingresos del Estado y estos no son infinitos, por ello, salvo que aspiremos solo a derechos nominales, meramente declarativos, la economía debe ser tomada en cuenta; tanto por los legisladores como por aquellos que administran justicia. 

Precisamente porque los derechos cuestan, existe una regla que es de sentido común, pero que también está plasmada en una norma jurídica; se trata del principio de equilibrio y sostenibilidad fiscal (artículo 78 de la Constitución), y exige que el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo envía al Congreso esté efectivamente, y no artificialmente, equilibrado. 

Aunque esta regla no ha sido muy desarrollada en nuestra doctrina, lo cierto es que el principio existe y no limita los alcances de los derechos; al contrario, “permite su satisfacción material y el alcance progresivo de los mismos para todas las personas. Esto a partir de un marco de análisis que reconoce tanto la existencia de recursos estatales escasos, como la obligatoriedad de proteger los derechos constitucionales”. 

En síntesis, la regla de equilibrio y sostenibilidad es un principio constitucional que rige el presupuesto, y se define como la capacidad de un gobierno para atender el pago de sus obligaciones presentes y futuras. En otros términos, es una exigencia de solvencia y un atajo para los gobiernos que recurren al fácil expediente de acumular deuda y muestran un “equilibrio artificial”, que inexorablemente exigirá un ajuste en el futuro. 

Al hilo de lo expresado, cabe analizar la huelga que vienen realizando los jueces –porque llámese como quiera, eso es– para que se cumpla con el artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la nivelación de sus haberes. 

Lo cierto es que, de acuerdo al MEF, el costo de incrementar los sueldos a los jueces, en los términos que señala el citado artículo, tendrá un impacto de 529 millones de soles, lo que sumado a los incrementos que con igual derecho reclamarán los profesores universitarios y otros profesionales alcanzaría los 7 mil millones al año. Esto a su turno exigiría, según el ministro de Economía, que el IGV se incremente en tres puntos. Puesto así, parece todo un desastre económico. 

Pero las leyes y las sentencias no se pueden dejar de cumplir. ¿Cómo escapar entonces de este callejón sin salida? 

Tal vez una luz al final de este túnel, de cifras y leyes, lo dé la jurisprudencia colombiana que ha sostenido que la función de la regla de equilibrio fiscal es: “… asegurar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones prestacionales del Estado, mediante la incorporación de criterios de gradualidad que aseguren que los recursos públicos sean suficientes para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las generaciones actuales y futuras”. 

En el momento actual, en el que es inobjetable la deuda social y el déficit de legitimidad del Poder Judicial, parece difícil que se acepte socialmente el pedido de los jueces, pero igual tendrá que llegarse a alguna solución. Los jueces representan un poder del Estado y deben ser en la práctica un contrapeso de los otros poderes jurídicos y fácticos. De ahí que los magistrados tengan derecho a un sueldo digno, pero también es verdad que con el mismo ahínco que defienden su nivelación tienen que comenzar a equilibrar su déficit de legitimidad: auténtica autonomía, transparencia, predictibilidad, descarga y celeridad procesal, son apenas algunas expresiones de su deuda.