Imaginemos que el Poder Judicial es una empresa y nosotros, ciudadanos, somos los dueños. Además de ello, somos plenamente conscientes de la burocracia, morosidad, ineficiencia, deficiencia en procedimientos y criterios de control de calidad. ¿Qué sería lo que razonablemente deberíamos hacer? Pues despedir a los directivos.

En nuestro Poder Judicial (PJ), los jueces supremos son los encargados de llevar adelante la gestión de ese poder del Estado. La Sala Plena, conformada por los jueces supremos titulares, es el órgano de máxima deliberación del PJ y “decide sobre la marcha institucional de ese poder” (art. 79, LOPJ), pero no tiene muchos poderes de gestión. Estos recaen en el presidente del PJ, quien es un juez supremo titular y, principalmente, en el Consejo Ejecutivo del PJ (CEPJ), el cual está compuesto, además del presidente del PJ, por cuatro jueces titulares más: dos supremos, uno superior y uno especializado o mixto. También hay un representante de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú.

Es el CEPJ el que realmente administra el PJ. Y aquí viene el detalle: ¿están sus miembros plenamente capacitados en gestión y políticas públicas para una tarea como esa? Si estuviésemos en el sector privado, es más que probable que tendríamos como directores a economistas, administradores, contadores, ingenieros industriales, acaso con un MBA y con experiencia en grandes empresas. Es para eso que se formaron, adquirieron experiencia profesional y, además, buscan logros en su gestión para que los respalden. En ese ámbito, los profesionales son muy buscados, bien pagados y, por cierto, se les exige muchísimo.

Nuestros jueces supremos no han estudiado para ser administradores. Han estudiado Derecho para saber cómo resolver mejor los conflictos judicializados. Aprendieron Derecho Civil, Penal, Laboral, Procesal para encargarse de la función jurisdiccional; no para armar un presupuesto, elaborar/aprobar índices de gestión ni manejar recursos humanos. Y, hasta donde se sabe, en los procesos de selección de jueces ante el Consejo Nacional de la Magistratura no se evalúan estas competencias. Eso quiere decir que un potencial presidente del PJ podría simplemente no saber nada de gestión pública.

Los conocimientos que se requieren para poder desempeñarse razonablemente bien en una estructura elefantiásica como la del PJ, requeriría cursar una facultad completa o, como mínimo, un exigente postgrado. Ello se hace aún más necesario cuando se trata de un servicio público masivo, en donde se discuten derechos fundamentales de los ciudadanos y que tiene una repercusión directa en los índices de competitividad del país. Conducir eficientemente el PJ es casi tan importante como diseñar y ejecutar políticas tributarias o las reformas para combatir la informalidad.

Ahora bien, no es casualidad que entidades que también administran justicia como el OSCE, SUNAT, SUNARP o INDECOPI –todas ellas dependientes del Poder Ejecutivo o, más específicamente, de un Ministerio– sean inmensamente superiores en cuanto a eficiencia que el PJ. ¿Tendrá algo que ver el hecho de que las cabezas y directores de los Ministerios tengan un mayor conocimiento sobre gestión pública, o, mejor, que existan estándares de gestión más elaborados y que sean ejecutados?

Entonces, si el PJ fuese una empresa, nuestros jueces supremos seguramente serían relevados de sus cargos de gestión. Los números no hablan bien de su trabajo, ni tampoco la gran disconformidad de los usuarios con el servicio de la institución, la cual es palpable para el litigante del día a día: mala atención por los funcionarios, demora en la digitalización de escritos, irrazonable lentitud para tramitación de partes y oficios, inutilidad de la notificación electrónica, etc.

Por ello, una opción interesante sería diseñar y ejecutar una reestructuración empresarial integral, la cual comprenda la incorporación de funcionarios no abogados expertos en gestión para hacerse cargo de la administración. Lo que es más, las personas que conformen tales órganos ni siquiera tendrían que ser funcionarios pertenecientes a la institución: bien podría concesionarse dicho servicio a una empresa especializada quien sería la que capacite y destaque a los funcionarios.

¿Y qué hacemos con nuestros jueces? Pues la Sala Plena puede asumir un rol supervisor, el presidente, un rol político, el Consejo Ejecutivo se desactiva y –aquí el punto– los demás jueces supremos se dedican íntegramente a la labor jurisdiccional (salvo los que son destacados al OCMA y al JNE).

Cabe precisar que una reforma como esa no solo debe alcanzar a la Corte Suprema. Debería aspirarse a que todos los despachos judiciales del país tengan su propio gerente o administrador general, y que este cuente con su equipo responsable por los asuntos administrativos, por satisfacer las demandas de los ciudadanos y, en general, por el buen andamiento del juzgado. El juez, por tanto, ya no es más es “gerente de despacho” sino una pieza fundamental en dicho engranaje.

Evidentemente ello requiere de un enorme presupuesto adicional que el Ejecutivo debería proporcionar. Y véase que no solo se trata de pagar a los nuevos funcionarios, sino también mejorar la infraestructura (despachos y salas de audiencia modernas, refacción de los edificios antiguos), la tecnología (expediente electrónico), etc.

Sin perjuicio de todo lo dicho, en realidad, el PJ sí es una empresa. Solo que es una en donde la gestión es mala porque sus directivos no se han capacitado para administrarla, porque no tienen incentivos para mejorar (el PJ no quiebra) y porque no rinden cuentas a sus dueños, los ciudadanos. Urge, por tanto, una nueva LOPJ; pero más importante que ello, es necesario voluntad política para, esta vez sí, decidir cambiar el país. Y el PJ, por estar en contacto directo con la población, es un buen lugar para comenzar.

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(*) Renzo Cavani es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Academia de la Magistratura (AMAG) y la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). Doctorando UdG, Magíster UFRGS, Abogado U de Lima. Asociado en el Estudio Javier Valle-Riestra Abogados.