Se ha exhortado a todos los jueces del país a que otorguen prioridad y un cumplimiento estricto de los plazos en los procesos judiciales relacionados con los delitos de violación sexual, violencia familiar y feminicidio.
Así lo establece la Resolución Administrativa N° 302-2018-P-PJ, expedida por la Presidencia del Poder Judicial el 16 de agosto de 2018.
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Asimismo, se dispone que la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial y sus órganos desconcentrados incluyan, en sus visitas inspectivas, acciones de verificación de este mandato.
En los considerandos de esta resolución administrativa se señala, como uno de sus fundamentos, que los medios de comunicación y diversas organizaciones de la sociedad civil han identificado disfunciones en el servicio de justicia que se brinda a las personas afectadas por hechos punibles, especialmente en el cumplimiento de los plazos y protocolos de atención a las víctimas. Por ello, se consideró pertinente formular como política institucional de estricto cumplimiento atender de manera prioritaria los procesos judiciales referidos a actos de agresión sexual, violencia familiar y feminicidio.
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