Luego de la difusión del video del asalto que sufrió una familia en el túnel de la Línea Amarilla, el cual ocurrió el pasado 20 de abril, la Defensoría del Pueblo cuestionó la falta de seguridad en dicha vía y pidió medidas correctivas y compensatorias para las víctimas.

Por medio de un comunicado, la Defensoría del Pueblo recordó que las empresas concesionarias de las vías deben garantizar el derecho a la seguridad en lo que respecta a la prestación de sus servicios. Por esta razón, solicitó al Fondo Monetario de Inversiones (Invermet), quienes se encargan de la supervisión de la concesión, que revise e informe si la empresa administradora Lamsac actuó diligentemente para la prevención o para afrontar el acto delictivo.

«Los contratos viales no solo deben centrarse en la seguridad de la infraestructura sino también en la seguridad de los desplazamientos que desarrollan los usuarios de las vías», se lee en el comunicado.

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También consideró necesario que la Policía Nacional abra una investigación adecuada del caso y se pueda esclarecer las quejas respecto a la demora en el auxilio de las víctimas en un plazo razonable. A su vez, recordó que, según la versión de Lamsac, el asalto sucedió a las 11:16 p.m y los policías llegaron a las 11:51 p.m para trasladar a las víctimas a la comisaría del Rímac. 

«La Defensoría considera que es necesario que se revise el protocolo que utiliza la empresa (Lamsac) para cautelar la seguridad de las personas dentro de la vía concesionada, en especial si el solo uso de cámaras de vigilancia es suficiente para proteger a las personas. En cualquier caso, se requiere determinar las responsabilidades en las que hubiera incurrido la empresa y la PNP», enfatizó.