Transcurridos dos (02) meses consecutivos o tres (03) meses discontinuos de pensiones impagas, el colegio privado se encontraría facultado para requerir, vía notarial, al padre de familia, tutor o apoderado del estudiante el cumplimiento de su obligación, otorgándole un plazo no mayor de treinta (30) días calendario para cancelar la deuda.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado el pago, la institución educativa podrá iniciar, en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local respectiva, el traslado del menor a una institución educativa pública o privada, en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores de realizada la comunicación a la UGEL. El procedimiento de traslado se realiza respetando el interés superior del niño y del adolescente.

Así lo establece el texto propuesto del artículo 27.5 de la Ley de los Centros Educativos Privados, conforme al dictamen aprobado el jueves 11 de julio de 2019 en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República.

Dicha iniciativa, que próximamente sería debatida en el Pleno, además de modificar el artículo 4, 16, 17, y 18 de dicha norma, propone incorporarle un capítulo dedicado exclusivamente al Régimen Económico. 

VEA TAMBIÉN: ¿El bullying puede justificar el cambio del apellido?

Igualmente, el dictamen establece que las instituciones educativas podrán realizar anotaciones, de forma trimestral, del adeudo de las pensiones en los sistemas informáticos del Ministerio de Educación, las que se mantendrán visibles y vigentes hasta que se cumpla los pagos respectivos.

Por otro lado, la iniciativa parlamentaria propone que las condiciones económicas de las prestaciones del servicio educativo sean comunicadas a los padres de familia en dos momentos: hasta el último día hábil de noviembre, y antes y durante el proceso de matrícula. Esta información deberá ser remitida por escrito y publicada en el portal web de la institución educativa.

Además, se plantea que «Las instituciones educativas privadas deben brindar a los padres de familia, tutores o apoderados la información de la política económica que justifique los incrementos de las pensiones de la prestación del servicio educativo. Esta política de incremento debe de estar en función a variables económicas objetivas».

Ud. puede descargar este dictamen aquí y/o leerlo en nuestro archivo Scribd:

Dictamen-Com-Educación-Cole… by La Ley on Scribd