En los últimos días se ha suscitado un arduo debate referido al apresurado proceso de selección de los miembros del Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución en nuestro país.

Si bien la indicada elección la efectúa el Congreso, ello no debe implicar de modo alguno que la misma esté guiada por los intereses políticos de los parlamentarios, pues ello significaría no solamente la politización de un proceso, que debería estar al margen de las banderías políticas de las bancadas congresales; sino además que debe caracterizarse por la intervención  directa o indirecta de la ciudadanía que en la actual etapa debe saber, por ejemplo, los motivos por los cuales algunos candidatos son considerados aptos para ocupar tan elevado cargo, y el por qué otros no lo son. En otros términos, si algo le falta a ese proceso, incluso desde la elaboración de la lista de aspirantes, es transparencia. El canal del congreso, del Estado y las redes sociales deberían difundir todo el proceso.

Lo señalado anteriormente resulta de vital importancia, algo que de modo alguno se va a lograr por el apresuramiento con el cual se ha elaborado una lista de aspirantes, sin que sepamos los fundamentos por los cuales aparece un reducido número de profesionales, lo que realmente genera muchas suspicacias; afirmándose, no sin razón, que los propuestos responderían a los intereses políticos de las bancadas. La presencia en la lista de algunos candidatos con notorias vinculaciones con tal o cual partido político, la difusión de un audio  de supuesta coordinación entre congresistas, para “apoderarse” del TC, contribuye a alimentar las sospechas de que las cosas no están marchando de acuerdo a lo legal y democráticamente  establecido.

Consideramos que un aspirante a tan importante cargo no solo debe caracterizarse por tener una vasta formación académica y una trayectoria profesional impecable, sino que además debe tener una sólida integridad ética y moral, así como una probada trayectoria democrática, requisitos sin los cuales no podríamos estar frente a un digno integrante del Tribunal Constitucional.

Así, la elección debe efectuarse dentro de un proceso impecable, con tiempo suficiente para que se difundan las hojas de vida  de los aspirantes, para que la ciudadanía, siempre vigilante, como sucede con todo postulante a juez o fiscal, pueda ejercer su derecho a tacha, obviamente con el fundamento necesario.

Asimismo, como sucede con todo postulante a juez o fiscal, deberá verificarse que los aspirantes no tengan filiación política, así como también que no hayan adelantado opinión en temas que el Tribunal Constitucional deberá debatir y decidir, pues el haberlo hecho lo descalificaría: todo magistrado debe ser imparcial.

Finalmente, el aspirante debería ser entrevistado públicamente con la finalidad que la ciudadanía lo conozca y pueda verificar su solvencia académica, ética,  moral, y su trayectoria democrática, para efectuar las observaciones que considere pertinente a través de los canales que deberá abrir el Congreso de la República.

Por esas razones es que desde la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia – JUSDEM y la Asociación Peruana de Mujeres Juezas, hemos efectuado un llamado al Congreso de la República a fin de que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional sea transparente, y sometido al escrutinio público, así como que se efectúe en un plazo razonable. No hacerlo pondría en peligro la constitucionalidad del país[1].