El magistrado del Tribunal Constitucional, Carlos Ramos Núñez, en una reciente entrevista, avaló la decisión del gobierno de Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República.

Así, aseveró que la cuestión de confianza «forma parte de la dinámica que está reconocida no solo en nuestra Constitución; sino también en otras constituciones. Es un mecanismo de salvación de la democracia. No es un golpe de Estado, como sería, por ejemplo, el 5 de abril de 1992».

«Es un mecanismo constitucional previsto en la Constitución y que forma parte de algo muy típico de la Constitución del 93, que es reforzar el poder del presidente de la República. Es decir, esta no es una creación de este gobierno, es una creación del Congreso Constituyente del año 93», refirió en entrevista a El Comercio.

Consultado sobre si Vizcarra habría cometido un exceso o un uso abusivo de la cuestión de confianza, comentó que, en las actas del Congreso Constituyente de 1993, se puede apreciar que Enrique Chirinos Soto, uno de los padres de dicha Constitución, «consideraba que la cuestión de confianza era un mecanismo que podía ser usado por el presidente del Consejo de Ministros para todos los casos, en todas las circunstancias. Incluso hay una expresión un poco criolla que dice: Para todo lo que le dé la gana”.

Al señalársele si esta atribución facultaba a disolver el Congreso bajo el entendimiento de «una negación fáctica de la confianza», el magistrado Ramos Núñez respondió: «Claro, pero se trata de una atribución que sin duda no puede negarse, si [la elección] está pensada en el marco de un conjunto de principios, de transparencia, escrutinio público. Es decir, no está pensado [el mecanismo de selección] para hacerse en media hora. Porque al final ¿qué principios se afectan? El de la transparencia, de la necesidad del escrutinio público».

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Respecto a las declaraciones de Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente, en donde menciona que el Congreso sigue en funciones, Carlos Ramos enfatizó que ya no existe el Poder Legislativo. «Se ha usado una medida constitucional que es la disolución del Congreso al haber sido negada por segunda vez por una cuestión de confianza. Entonces, en este momento no hay Congreso. Las elecciones que se llevarán a cabo van a configurar un nuevo mandato». Enfatizó que «lo que existe, porque no puede disolverse, es la Comisión Permanente».

Respecto a la decisión de la Comisión Permanente de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para que dirima si la razón la tiene el Ejecutivo o el Legislativo, el magistrado comentó: «Primero, habría que discutirse su admisibilidad. Hay una dificultad, pero es solo de carácter normativo, porque el artículo 109 del Código Procesal Constitucional dice que el inicio de una acción competencial la hace el pleno del Congreso. Pero habría que ver si esa norma tiene que ser leída literalmente o a la luz de principios. Eso es una atribución que le corresponde hacer al pleno del tribunal, no voy a adelantar opinión».

En lo que respecta a la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como nuevo miembro del TC, comentó que «según el reglamento del Congreso establece que el pleno tiene que aprobar, resolver las nulidades o reconsideraciones. En este caso, las hay y eso lo tiene que resolver el Congreso. Si este pleno no lo resolvió, lo tendrá que hacer el nuevo Congreso».

Además, calificó como «intromisión grosera» el oficio remitido por Pedro Olaechea al TC, en el que solicita se oficialice el nombramiento de Ortiz de Zevallos como nuevo magistrado constitucional. «Allí hay una intromisión grosera sobre las atribuciones del Tribunal Constitucional. El tribunal tiene un margen de autogobierno y decide a quién reemplaza y bajo qué criterios», refirió.

Sobre la visita de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea al TC, solicitando sea programada su incorporación, Carlos Ramos dijo que esta decisión la adoptará el Pleno del Colegiado, el cual se desarrollará el próximo jueves 10 de octubre.