La Defensoría del Pueblo presentó el “Informe defensorial sobre la crisis política, cuestión de confianza y disolución del Congreso”, donde señala que el Tribunal Constitucional debe admitir a trámite la demanda competencial interpuesta por Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, contra el Ejecutivo.

De acuerdo al documento, el TC es la entidad encargada de poner punto final a las interrogantes constitucionales que han surgido a torno a la situación de incertidumbre política. “No puede prescindir de su labor de resolver este conflicto”, se señala en el informe.

Para la Defensoría, tanto el Ejecutivo como el Legislativo son responsables de la crisis institucional. “La política no debe buscar la aniquilación del adversario. Lamentablemente, ese ha sido el proceder de los dos poderes del Estado”, se lee en el documento.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo señala que el ejercicio del poder en un Estado Constitucional “debe conducirse bajo los principios de cooperación y de solución democrática”. De acuerdo al TC, los poderes del Estado deben evitar actuaciones obstruccionistas y preferir los mecanismos de diálogo, se refiere.

Se recuerda que, en los últimos tres años, se ha generado un prolongado conflicto entre los poderes del Estado. “Por el contrario, se han estacionado en una disputa por derrotar totalmente al otro. El fracaso de la política radica en emplear el poder público de espaldas a las legítimas demandas y necesidades de la ciudadanía”, se anota.

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Como se recuerda, el pasado 30 de septiembre, el presidente Martín Vizcarra tomó la decisión de disolver el Congreso tras interpretar que, mediante la elección del abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos como magistrado de TC, el Congreso le había denegado la confianza al Gobierno.

Al respecto, la Defensoría considera que es el TC el que, en última instancia, debe pronunciarse sobre si aquella interpretación es válida. Además, indica que el Legislativo no puede hacer ineficiente la cuestión de confianza, otorgándola formalmente con los votos, pero desnaturalizando los fines de la solicitud en la práctica.

También señala que asumir que se ha negado fácticamente la cuestión de confianza implica abrir un amplio espacio de discrecionalidad que podría lindar con la arbitrariedad en el ejercicio de la facultad presidencial de la disolución del Congreso.

Para la Defensoría, ambos poderes pudieron evitar llegar a esta situación de crisis institucional, “pues teniendo la oportunidad de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por el supuesto exceso del ejercicio de las competencias del otro, no lo hicieron”, indicó.

Ud. puede descargar el informe completo aquí y/o leerlo en nuestro archivo Scribd:

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