El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, fue sancionado con una multa equivalente al 10% de su sueldo mensual por haber dado declaraciones que han sido consideradas “políticas”. Se trata de la entrevista que dio al diario El Comercio el pasado 11 de agosto, titulada “Pérez: ‘Si se ataca lo avanzado, la ciudadanía tiene que estar alerta’”.

En la entrevista, el fiscal se refirió a la controversia generada con Odebrecht por el caso de la hidroeléctrica Chaglla y las obligaciones de la empresa brasileña. “De no lograr la condena de estos crímenes de corrupción, quienes nos vemos perjudicados somos los ciudadanos. Para mí, estamos en un momento decisivo. Si se ataca lo que se ha avanzado, la ciudadanía tiene que estar alerta”, indicó Pérez.

Estas afirmaciones fueron consideradas “extrañas a la función fiscal” por Luis Alberto Germaná Matta, fiscal de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público. En su fallo, Germaná precisa que la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, determina que son prohibiciones a los servidores públicos “emitir opinión a través de los medios de comunicación social sobre asuntos de Estado, salvo autorización expresa de la autoridad competente”.

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El fiscal, además, cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y señala que “los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura”.

“Por tanto, resulta acorde con la Convención Americana la restricción de ciertas conductas a los jueces, con la finalidad de proteger la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la justicia, como un ‘derecho o libertad de los demás’ (…) Aparte de estos supuestos y, como señala el Tribunal de Estraburgo, el juez como funcionario público, está sometido a un deber de discreción”, se lee en el documento.

Cabe mencionar que el fiscal José Domingo Pérez no cumplió con presentar su informe de descargo, pese a que fue notificado. Esto ocasionó que, mediante una resolución, se le declarara “rebelde”.