El Perú, en la actualidad, vive una situación muy compleja con relación a la lucha contra la corrupción que no solo ataca la administración pública en general[1], sino también el sistema de administración de justicia en sus niveles más altos. Uno de los casos más recientes y relevantes es el del ex juez supremo Hinostraza Pariachi (en adelante “ex juez supremo”).

Los hechos imputados al ex juez supremo se encuentran relacionados con el haber liderado presuntamente una organización criminal dedicada a realizar coordinaciones y gestiones ilícitas en el nombramiento y ratificación de magistrados, así como también haber realizado negociaciones en la contratación incompatibles de personal jurisdiccional dentro del Poder Judicial[2].

Lo emblemático de este caso gira en torno a dos puntos muy importantes: el primero, relacionado al procesamiento debido a un alto funcionario del sistema de justicia y, el segundo, ligado al uso de la prisión preventiva como regla y no como excepción. Y, es que respecto a este último punto una de las medidas coercitivas más recurrentes en nuestro país para el aseguramiento de los involucrados en los procesos penales por hechos de corrupción de alto nivel ha sido la prisión preventiva. Tal es así que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República impuso prisión preventiva por 36 meses al ex juez supremo[3].

Los fundamentos de la prisión preventiva se situaron en el análisis de los requisitos legales establecidos en el artículo 268 y siguientes del Nuevo Código Procesal Penal (en adelante NCPP)[4], en específico: (i) la apariencia de buen derecho [elementos “fumus delicti comisiˮ], (ii) una sanción penal superior a los 4 años de pena privativa de libertad y (iii) la existencia de peligro procesal [de fuga u obstaculización de la actividad probatoria].

Cabe señalar que la medida limitativa señalada se dictó con posterioridad a la fuga del ex juez supremo hacía España. Sin embargo, lo resuelto por la Sala Suprema será de suma importancia para el presente comentario en tanto que se pondrá en tela de juicio el tratamiento de la prisión preventiva conforme a nuestro ordenamiento jurídico y el español, ello debido a que el 19 de octubre de 2018, luego que el ex juez supremo fuese detenido por las autoridades españolas al existir una Orden Internacional de Detención (en adelante OID) incoada en un procedimiento de extradición desde Perú[5], el Juzgado Central de Instrucción 5 de Madrid le impuso prisión provisional sin fianza (en adelante “resolución judicial española”)[6].

Para el caso en concreto, debemos partir de la gran crítica que pesa sobre la mayoría de las decisiones judiciales en nuestro país relacionadas a la prisión preventiva, es decir, sobre la imposición de una medida limitativa de derechos como regla y basada en criterios subjetivos en relación con el peligro procesal de fuga, como —por ejemplo— el criterio relacionado con la magnitud de la prognosis de pena a imponerse.

Ciertamente, con corrección constitucional se interpreta este presupuesto material como un límite que la ley procesal impone a los jueces para que, en ningún caso, impongan prisión preventiva si la pena pronosticada no supera los cuatro años.

Respecto a este último punto, cabe hacernos las siguientes interrogantes: ¿Qué sucede cuando las penas a imponerse en actos de corrupción no son tan gravosas? ¿La prisión preventiva no tendría sentido? Para el sistema jurídico peruano la respuesta sería afirmativa, es decir, no se impondrían dicha medida al no existir coerción psicológica alguna de que el imputado puede ser encarcelado con penas graves. No obstante, y en una visión contraria, para el sistema jurídico español sí se podría seguir imponiendo una prisión provisional toda vez que su análisis se centra en criterios objetivos que permiten inferir que el imputado tratara de eludir la acción de la justicia.

Según la resolución judicial española, los criterios objetivos utilizados para dictar la prisión provisional en contra del ex juez supremo, en el marco del procedimiento de extradición pasiva, son el arraigo (familiar y laboral), su situación personal y económica, así como sus vínculos con otros países y conexiones internacionales. Se trata, por tanto, de una prisión de carácter instrumental sustentada en criterios objetivos que tiene como finalidad asegurar la entrega y cumplir así con los compromisos adquiridos por el Estado español en materia de cooperación judicial internacional[7].

Si bien la prisión preventiva es la excepción y no la regla, su imposición se encuentre permitida siempre y cuando existan criterios objetivos que sustenten su uso y aplicación, pese a que los mecanismos de prisión preventiva y detención preliminar no son los únicos para asegurar que el proceso no se vea afectado. El sistema jurídico español lo demuestra en este caso en particular sustentando su decisión en que el ex juez supremo se encontraba en España eludiendo acción de la justicia peruana, además dicho magistrado no tiene arraigo porque no tiene trabajo conocido que le permita tener un sustento económico ni mucho menos posesión de activos que garanticen su permanencia en el país.

Es importante resaltar que, a diferencia del sistema jurídico peruano, el sistema español sí concibe sus fallos bajo la base de argumentos concretos, reales y ciertos al momento de restringir el derecho fundamental de la libertad personal, lo que hace que las medidas impuestas respeten el proceso debido, los cánones internacionales y el fin para el cual fue creada la prisión provisional.

Así tenemos, que la interpretación desde la Constitución, de manera vinculante, siempre será restrictiva y limitante de tal modo que, los presupuestos materiales regulados en el artículo 268 del NCPP se instituyen como presupuestos que restringen, y, en este sentido, deben ser interpretados para circunscribirse dentro de los parámetros constitucionales.

En ese sentido, la lucha anticorrupción debe realizarse en el marco de la Constitución, esto es, sin atentar contra los derechos fundamentales de las personas; por lo que dicha situación ya ha sido advertida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido dos informes importantes: El primero del año 2013 que se llama “Medidas para reducir la prisión preventivaˮ y otro del 2017 que se refiere al “Uso de la prisión preventivaˮ.

Queda claro, entonces, que el uso “excesivo” y “abusivo” de esta medida coercitiva por parte de jueces y fiscales peruanos pone en evidencia una reforma procesal meramente nominal, con la pervivencia de un fuerte autoritarismo inquisitivo, que se traduce en la desnaturalización de la finalidad cautelar de la prisión preventiva.

Asimismo, cabe advertir que, en términos fácticos o concretos la prisión preventiva en nuestro sistema jurídico sí es una condena adelantada, porque la condena se va a materializar en una privación de la libertad personal. Si se detiene preventivamente, sin denuncia, sin proceso y sin un debate racional de los criterios, el efecto es el mismo.

Siendo ello así, la dicotomía entre el deseo de reforzar la lucha contra la corrupción y respetar los derechos fundamentales deben generar criterios objetivos que ayuden para decidir si se imponen medidas como las prisiones preventivas y las detenciones preliminares con proporcionalidad y razonabilidad.