1. Contexto

El 11 de junio último, se publicó la Resolución Directoral N° 0002-2021-EF/63.01, que aprueba el Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú, documento que define la planificación para la adopción progresiva de BIM en el sector público.  A continuación, comentaremos brevemente algunos de sus aspectos principales.

2. Aspectos principales

Tal como explicamos en el artículo “Actualizaciones en BIM para el sector público” el Decreto Supremo N° 289-2019-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 107-2021-EF el 15 de mayo de 2021, establece que el Plan de Implementación y Hoja de Ruta, contiene el análisis del contexto actual nacional de la industria de la construcción, así como de la adopción del BIM y define objetivos y acciones al corto, mediano y largo plazo estructurados con base a 4 líneas estratégicas: 1) Establecer el liderazgo público, 2) Construcción de un marco colaborativo, 3) Aumento de la capacidad de la industria, y 4) Comunicación de la visión.

Al respecto, podemos mencionar brevemente que el Plan BIM Perú tiene por propósito reducir los sobrecostos y atrasos en la ejecución de infraestructura pública, hacer más eficiente su operación y mantenimiento, así como propiciar la transparencia en los procesos de inversión pública. En ese sentido, entre los principales hitos planteados para su implementación, se encuentran los siguientes:

Gráfico N° 1

Fuente: Plan de Implementación y Hoja de ruta del Plan BIM Perú – Ministerio de Economía y Finanzas

Al respecto, consideramos que los pasos planteados revisten de importancia, siendo recomendable enforcarse en el logro de las metas planteadas para el corto plazo y mediano, a fin de no excederse en los tiempos previstos. Por ejemplo, para julio de este año, mes que ya se encuentra avanzado, será importante en primer lugar contar con los estándares BIM y los proyectos piloto, para con base a las experiencias obtenidas de estos, nutrir el contenido de la estrategia de formación del capital humano.

Por ejemplo, en la experiencia comparada, contar los estándares BIM permite generar requerimientos uniformes por parte del Sector Público, permitiendo que el sector privado conozca de antemano qué información le solicitará el Estado, asimismo, permite que cada entidad pública realice sus requerimientos sobre una base sólida. En ese sentido, este esfuerzo debe ser articulado con el sector privado y la Academia, siendo importante que se pueda tener una prepublicación de los mismos a través del portal electrónico Plan BIM Perú (que en realidad es una sección dentro del portal electrónico del rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones -Invierte.pe-), para recibir aportes especializados.

Por motivos de espacio no podremos revisar el detalle de cada hito, pero nos permitimos un comentario sobre el ambicioso objetivo final previsto para el 2030, la aplicación de BIM para todas las inversiones públicas de todas las Entidades y Empresas Públicas sujetas al Invierte.pe.

Al respecto, en muchos países la ruta de aplicación del BIM no incluye como hito final un mandato de obligatoriedad para todos los niveles de gobierno ni para todas las inversiones, sino para un grupo determinado o para ciertos niveles de Gobierno (por ejemplo, para las inversiones del Gobierno Nacional). Consideramos que ello se debe justamente por los retos prácticos que esto significa, que podrían tornar casi imposible su cumplimiento. A continuación, mencionaremos 3 aspectos que, sumados a otros, podrían generar una gran dificultad para el cumplimiento del referido hito.

Por ejemplo, en el caso peruano, en primer lugar, tenemos un tema tecnológico y de conectividad de por medio, pues poder contar con el BIM en los tres niveles de gobierno, presupone contar con una capacidad estándar y adecuada de servicios de internet a lo largo del país, lo cual hoy por hoy no se ajusta a la realidad, y dependerá de distintas variables que escapan al control de quienes tienen a su cargo el Plan BIM Perú, esto es, de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, rector del Invierte.pe. 

En segundo lugar, a ello, se suma las condiciones del personal en la mayoría de entidades públicas fuera de Lima, sobre todo en los Gobiernos Locales, cuyos salarios bastante reducidos y constante rotación, no alienta a que personas especializadas en temas como el BIM o que inviertan en su actualización constante en gestión pública y sistemas del Estado, laboren en los mismos. Conocemos de primera fuente, distintos casos a lo largo del país donde el personal de la Unidad Formuladora se reduce a 2 o 3 personas, que a su vez se encargan de las funciones de la Unidad Ejecutora de Inversiones, los cuales suelen tener una corta duración en el cargo. Esta ausencia de un servicio civil o carrera pública bien remunerada, que no se encuentre sujeta a cambios constantes de personal, y que se vea capacitada permanentemente por la propia entidad pública, supondrá otro reto que con mucha dificultad permita la aplicación del BIM a todos los proyectos Municipales a lo largo del país.

En tercer lugar, consideramos que existe un tema conceptual de fondo, la aplicación del BIM a una inversión pública tiene un costo y un tiempo, que se incrementa conforme se requieren más usos BIM. Si de acuerdo al Plan de Implementación y Hoja de Ruta, se busca la aplicación del BIM a todos los proyectos (entendemos que con componente de infraestructura) e inversiones de edificación, podríamos abarcar aquellas que no tengan mayor envergadura, cuyo costo y reducido nivel de complejidad no ameritaría la adopción del BIM.

3. Recomendaciones

En ese sentido, retomamos la recomendación de focalizar el uso del BIM en las inversiones públicas, incluso a largo plazo, volviéndolo obligatorio para inversiones de envergadura y complejidad técnica en el Gobierno Nacional y en los Gobiernos Regionales, con criterios de progresividad. Mientras que, en los Gobiernos Locales, la política de implementación debería ser caso por caso, brindando apoyo técnico para la selección de los proyectos o inversiones donde se aplicará. Otra opción podría para el caso de las Municipalidades, podría ser establecer criterios de monto o complejidad previamente establecidos para su adopción.

Karla Gaviño Masías. Consultora en Gestión Pública e Infraestructura. Abogada – PUCP, Magíster Universidad ESAN. Profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

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