El fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, consideró que la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundado el habeas corpus de Keiko Fujimori y dispuso su liberación, tiene “tintes políticos” y podría ser “inejecutable”.

“Esta decisión del TC, como bien lo ha señalado el fiscal superior Rafael Vela Barba, es incongruente, contradictoria y sospechosamente tiene tintes políticos. Por lo tanto, podría ser fácilmente declarada nula si lo solicitan quienes se encuentran legitimados, y es inejecutable”, declaró a la prensa.

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Ayer el Colegiado publicó el fallo en su página web; por lo que, en las próximas horas, la excandidata presidencial estaría saliendo del penal de mujeres de Chorrillos. La sentencia mayoritaria fue suscrita por los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero. A ella, se sumó Carlos Ramos con un voto singular. Por el contrario, los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña votaron para que la demanda se declare improcedente.

“Al parecer (la resolución del TC) sería inejecutable, toda vez que es una decisión que no ha sumado los cuatro votos […] Entiendo que el procurador público del Poder Judicial debe solicitar una nulidad de la decisión del TC publicada ayer o, en su defecto, quienes puedan sentirse afectados por esa decisión”, manifestó el fiscal Pérez.

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El integrante del Equipo Especial, además, hizo hincapié en el voto singular del magistrado Carlos Ramos, para quien solo se vulneró el derecho a la libertad personal de Keiko Fujimori. “Hay un magistrado del TC, que no se adhiere a sus fundamentos. Por el contrario, postula un argumento que no había sido tocado en el desarrollo de esa causa”, indicó Pérez, en referencia a la ausencia de obstrucción a la justicia tras el cierre del Congreso, que mencionó Ramos Núñez.

El fiscal brindó estas declaraciones a la salida de las oficinas de la Confiep, en San Isidro, después de que el Poder Judicial autorizara una orden de allanamiento e incautación, como parte de las investigaciones por presunto lavado de activos durante las campañas presidenciales de Keiko Fujimori.