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Fiscalía: A Keiko Fujimori le corresponde una pena de casi 25 años de cárcel

Fiscalía: A Keiko Fujimori le corresponde una pena de casi 25 años de cárcel

En el nuevo requerimiento de prisión preventiva, el fiscal José Domingo Pérez sostiene que la pena que deberá imponerse a la lideresa de Fuerza Popular es de 24 años y 10 meses. Esto, en aplicación de la sumatoria de penas por concurso real de delitos.

Por Redacción Laley.pe

viernes 13 de diciembre 2019

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En el requerimiento presentado por José Domingo Pérez para sustentar el nuevo pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori Higuchi se sostiene que, en el caso de la lideresa de Fuerza Popular, se presenta un concurso real de delitos. Por ello, se señala que al sumarse las penas correspondería imponérsele 24 años y 10 meses de pena privativa de libertad.

En el documento presentado ante el juez Víctor Zúñiga Urday, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el fiscal del equipo especial Lava Jato se ratifica en que a Fujimori Higuchi se le está investigando por los delitos de lavado de activos, obstrucción de la justicia, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, fraude procesal y falsa declaración en proceso administrativo.

Así, en el documento se señala lo siguiente:

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¿Qué sostiene José Domingo Pérez en su nuevo requerimiento de prisión preventiva?

A fin de sustentar su pedido, José Domingo Pérez afirma que en el caso de Keiko Fujimori aún subsiste el peligro de obstaculización, que se presenta en el nivel de sospecha grave, el cual se sustenta en 140 testimonios. Entre estos destaca lo señalado por Jorge Yoshiyama Sasaki, quien asegura que su tío (el exdirigente de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama Tanaka) le pidió contactar a amigos con solvencia económica para simular aportes a la campaña fujimorista, utilizando dinero de empresarios que no deseaban figurar públicamente como aportantes.

Igualmente, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato cita testimonios que apuntan a un presunto apoyo recíproco entre Fuerza Popular y el fiscal Pedro Chávarry, que le permitió a este llegar a ser fiscal de la Nación y obtener que el Congreso (en aquel momento de mayoría fujimorista) archive sus denuncias constitucionales.

Asimismo, se argumenta que también subsiste el peligro de obstaculización a través de la relación que habría existido entre miembros de Fuerza Popular y el ex juez supremo César Hinostroza. Finalmente, también se ofrecen los testimonios de los empresarios Dionisio Romero Paoletti, Martín Pérez Monteverde, Vito Rodríguez y Edwin Antonio Camayo Valverde; además de los de los excongresistas Daniel Salaverry y Rolando Reátegui.

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