Se denegó la licencia institucional a la Universidad Alas Peruanas para ofrecer el servicio educativo superior universitario en el territorio nacional. Por ello, en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, deberán informar a la Sunedu el plazo en el que cesarán sus actividades, el mismo que no podrá exceder de dos (2) años.

Asimismo, se dispone que dicha universidad, sus autoridades, accionistas, directivos, gerentes, administradores, representantes y demás órganos de gobierno, cumplan con prestar el servicio educativo en forma ininterrumpida garantizando en todo momento la continuidad de la prestación del servicio educativo y la consecuente emisión de grados y títulos, durante el semestre o año académico en curso y durante el plazo de cese informado a la Sunedu.
 

Así lo establece la Resolución N° 172-2019-SUNEDU/CD, publicada el jueves 26 de diciembre de 2019 en el diario oficial El Peruano. 

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Esta decisión se sustenta en el informe técnico de licenciamiento N° 062-2019-SUNEDU-02-12 del 13 de diciembre de 2019; en el cual se concluye que la Universidad Alas Peruanas obtuvo un resultado desfavorable de la evaluación respecto de treinta y tres (33) indicadores de cuarenta y cuatro (44) aplicables.

Asimismo, se observó que «siete (7) de las diecisiete (17) filiales de la Universidad no contaron con docentes vinculados a la investigación, por tanto, no se garantiza el desarrollo de una cultura de investigación institucionalizada. Además, no se evidenció que los docentes que realizan investigación cuenten con la disponibilidad horaria necesaria».

«De igual modo, se verificó que la Universidad solo ejecuta cerca del 20 % de su presupuesto para investigación, siendo que en un tercio de sus filiales solo se ejecutan menos del 10 % de dicho presupuesto. Al respecto, se identificó que el presupuesto de investigación es manejado de forma centralizada, de modo que las filiales no cuentan con presupuesto propio, lo cual limitó su capacidad para proponer actividades que se adecúen a sus necesidades. Además, se observó que solo el 1 % de sus docentes están vinculados a la investigación».

Sunedu añadió que la Universidad Alas Peruanas «no demostró contar con procedimientos claros para evaluar y seleccionar sus proyectos de investigación ni contar con un órgano de investigación con funciones delimitadas. Además, los órganos de investigación en las filiales no disponen de los recursos económicos necesarios para la ejecución de sus actividades planificadas. Igualmente, se evidenció que no se asegura que los proyectos de investigación aprobados se implementen respetando los principios, deberes y responsabilidades éticas; así como tampoco se asegura la existencia del órgano responsable de la promoción y el resguardo de los derechos de propiedad intelectual».

Por otro lado, «no evidenció contar con documentos de planificación estratégica y operativa que contribuyan a cumplir con sus objetivos institucionales; además de presentar información inconsistente respecto de su oferta académica. Asimismo, se verificó que no regula de manera precisa la evaluación, calificación y distribución de vacantes para la ejecución de sus procesos de admisión. Igualmente, no presenta información consistente sobre el número de postulantes e ingresantes de los últimos dos (2) años».

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Adicionalmente, la Universidad Alas Peruanas no evidenció que sus locales cumplan los términos de operatividad planificados por ella misma para la prestación del servicio educativo universitario, «siendo que durante la diligencia de actuación probatoria, se observó que el 93 % de estos aún se encontraba ejecutando trabajos de adecuación de infraestructura, y/o implementación de equipamiento y mobiliario. Del mismo modo, no acreditó que sus instalaciones cuenten con estándares mínimos de seguridad; y se evidenció que el 56 % (258 de 458) de los laboratorios y talleres declarados para brindar el servicio educativo no se encontraban operativos en los términos planificados por la propia Universidad».

Igualmente, se señala que dicho centro de estudios presentó inconsistencias en los montos asignados en sus presupuestos para el mantenimiento de su infraestructura, equipamiento y mobiliario. «Se observó que en el 79 % de sus locales declarados (23 de 29 locales) se generaban residuos sólidos y líquidos peligrosos; siendo que el 48 % (11 de 23 locales) no contaba con un centro de acopio final o provisional. Asimismo, si bien presentó contratos de prestación de servicios para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos y líquidos peligrosos de todos sus locales, el 77 % de estas empresas (10 de 13) no cuentan con un registro para manejo de residuos sólidos peligrosos en la Digesa y/o Minam, que les otorgue la autorización respectiva».

«Por su parte, sobre la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos [RAEE], se evidenció que el 93 % de sus locales declarados (27 de 29) genera este tipo de residuos; siendo que el 85 % (23 de 27 locales) no cuenta con un centro de acopio final o provisional. Adicionalmente, no acreditó contar con convenios o contratos con empresas autorizadas por la Digesa y/o Minam para hacer el traslado de los RAEE desde sus distintos locales de la sede y filiales hacia su almacén principal», se señala en la resolución.

Ud. puede descargar la resolución que deniega el licenciamiento a la Universidad Alas Peruanas aquí y/o leerla en nuestro archivo Scribd:
 

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