Actualización:

12:02 a.m. El fiscal José Domingo Pérez, en declaraciones a la prensa, aclaró que el objetivo de esta nueva medida de allanamiento del local partidario de Fuerza Popular es para acceder a información relevante sobre los aportes a la agrupación política durante las elecciones de 2016.

“Hemos solicitado información de la campaña de 2016, ha habido oposición o rechazo a entregar la documentación que se estaba solicitando a los representantes de la persona jurídica de Fuerza Popular. Y en ese sentido, hemos solicitado la autorización judicial para hacer el registro correspondiente”, afirmó.

Igualmente, precisó que el primer allanamiento al local fujimorista, que se realizó el 7 de diciembre de 2017, solo tuvo como propósito incautar documentos relacionados a la campaña de 2011.  Pero señaló que en la diligencia de hoy se ha encontrado “documentación relevante” que corresponde al 2011.

“Es por ese motivo que estoy regresando a la oficial fiscal para solicitar la ampliación al señor juez, es información de 2011 que no había sido exhibida o no había sido ubicada”, aseveró.

Nota original:

9:00 a.m. El fiscal especial del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, encabeza un allanamiento a la sede de Fuerza Popular ubicada en la Av. 9 de diciembre N° 422 (ex Paseo Colón) en el centro de la capital. La medida incluye el registro domiciliario con medida de descerraje e incautación. 

La orden fue autorizada por Víctor Raúl Zuñiga Urday, juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado. El objetivo de la medida, según se señala en la resolución, es incautar en un plazo de 48 horas los libros de registro de ingresos y gastos de los años 2015 y 2016, entre otros documentos.

También se indica que el fiscal Pérez está autorizado para decomisar voucher, contratos y cualquier tipo de documentos que estén vinculados a la investigación por presunto lavado de activos y otros delitos a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. 

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Así, en la resolución se precisa que el “allanamiento y registro domiciliario con medida de descerraje” busca obtener “información financiera contable” como:

– Libro diario de los años 2015 y 2016

– Libro mayor correspondiente a los años 2015 y 2016

– Libro de inventario y balances (2015 y 2016)

– Libro caja y bancos (2015 y 2016)

– Registro de compras (2015 y 2016)

– Registro de ventas de los años 2015 y 2016

– Libro de registros de ingresos y gastos (2015 y 2016)

– Todo aquel documento (voucher, contratos y otros) y/o cosa pertinente al objeto de investigación vinculada a la campaña política de las elecciones generales de 2016.