El fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, solicitó a Odebrecht S.A. un informe sobre el contenido y los términos de la demanda arbitral que presentó la firma brasileña contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.

Vela Barba remitió un oficio a Ricardo Machado Weyll, representante legal de Odebrecht, el 24 de enero, dos días después de que la compañía le informara de su decisión.

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Según se lee en el documento, la empresa alegó que necesitaba recuperar la inversión realizada en el consorcio Gasoducto Sur Peruano, para poder cumplir con las obligaciones con sus acreedores. Como se recuerda, en el año 2017, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski dio por finalizado el contrato.

De acuerdo con el fiscal superior, contar con el documento de la demanda arbitral permitirá que se pueda evaluar la compatibilidad de esta con el acuerdo de colaboración eficaz suscrito por Odebrecht. Esta empresa, además, ha admitido haber realizado pagos ilícitos en el marco del proyecto Gasoducto Sur Peruano.

En el oficio también se precisa que, de existir negación de culpabilidad o contradicción, la persona jurídica Odebrecht volvería a ser incorporada “como sujeto de investigación penal, y todos los exfuncionarios de dicha persona jurídica a los que en su oportunidad se decretó el archivo correspondiente”.

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En diciembre último, la empresa Graña y Montero retiró su solicitud ante el CIADI para iniciar una demanda de arbitraje contra el Estado peruano por el paralizado proyecto Gasoducto Sur Peruano. Teniendo en cuenta ese contexto, el fiscal Vela acota en su oficio que, mediante el acta fiscal de entendimiento mutuo del 26 de diciembre pasado, la empresa “reconoce y acepta la comisión de hechos ilícitos” en la licitación de dicho proyecto.

Fue así que Graña y Montero desistió de continuar el proceso de arbitraje ante el tribunal internacional y renunció “a toda pretensión o reclamo de cualquier naturaleza al Estado”.