La Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema evaluó esta mañana el pedido de extradición activa contra el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp por el caso Ecoteva. La audiencia fue presidida por el juez supremo César San Martín, quien anunció que la próxima semana comunicará su decisión.

A los imputados, quienes se encuentran en Estados Unidos, se les investiga por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en el marco de un proceso por la adquisición irregular de inmuebles por parte de la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug.

Durante la audiencia, el abogado de Toledo y Karp, Roberto Su, solicitó que se declare infundado el pedido de extradición. Como se recuerda, la justicia de Estados Unidos viene analizando un primer pedido de extradición contra el expresidente, que actualmente se encuentra detenido en dicho país.

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Sobre Karp Fernenbug, la defensa sostuvo que no hay elementos que vinculen a su patrocinada con los presuntos pagos que realizó Odebrecht y que terminaron invirtiéndose en la compra de inmuebles en nuestro país. Añadió que los colaboradores eficaces Jorge Barata y Josef Maiman no han ubicado a Karp dentro de los acuerdos que se realizaron para el pago de coimas por la licitación de la Carretera Interoceánica Sur.

Respecto a Alejandro Toledo, el abogado alegó que no existe causa probable para pedir una segunda extradición de su cliente, debido a que los elementos de convicción demuestran la participación de Maiman en la recepción del dinero y no del exmandatario. Además, Su Rivadeneyra afirmó ante la Sala Suprema que no corresponde plantear un nuevo pedido con los mismos argumentos del primer requerimiento.

Por su parte, la fiscal suprema adjunta Gianina Tapia Vivas sostuvo que hay elementos para proceder con la extradición de ambos investigados. “Es un delito de lavado de activos en su modalidad agravada. No es político ni militar. Por tanto, no hay esos motivos de denegación”, afirmó la fiscal, descartando una presunta persecución contra Toledo y Karp.

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Según explicó la representante del Ministerio Público, para que esto sea así, los delitos que se imputan deben existir en ambos países, la pena debe ser elevada, debe existir causa probable y no deben ser perseguidos políticos. “Como lo hemos mencionado, la acción penal no ha prescrito. Porque como es lavado de activos en su modalidad agravada, la pena máxima es 20 años. También ha sido declarado reo contumaz”, agregó.

La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, quien también participó de la audiencia, respaldó la posición de la Fiscalía. “La Procuraduría considera que esta solicitud [de extradición] ha cumplido todos los requisitos del tratado [de extradición entre el Perú y los Estados Unidos]”, señaló Carrión, adhiriéndose al planteamiento del Ministerio Público.

Según la acusación formulada por el Equipo Especial Lava Jato, Alejandro Toledo habría cometido actos de corrupción y recibido sobornos durante su gobierno para beneficiar a las empresas Odebrecht y Camargo Correa con las licitaciones de los tramos 2, 3 y 4 de la carretera Interoceánica Sur.

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El pago se habría realizado a través del empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien era hombre de confianza de Toledo. El último 22 de enero, Maiman Rapaport confirmó que las constructoras brasileñas le entregaron en total US$34 millones para el expresidente.

De acuerdo con el Ministerio Público, Toledo Manrique habría utilizado este dinero para constituir en Costa Rica un grupo de empresas offshore. Una de ellas era la fundación Ecoteva Consulting Group, que tenía como propietaria a la madre de Eliane Karp, Eva Fernenbug.