El Ministerio Público formuló acusación contra la actual ministra de la Producción, Rocío Barrios, por el presunto delito de peculado doloso, por apropiación, en agravio del Estado. El caso se remonta a su función como directora de la Oficina General de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cargo que ocupó entre noviembre del 2014 y marzo del 2015.

En el documento que data del 31 de enero pasado, difundido por El Comercio, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicita 9 años y 3 meses de cárcel contra la ministra Barrios.

También requiere la misma pena para otras cinco personas en calidad de cómplices. Además, se solicita para todos la imposición de 487 días multa y la inhabilitación en el cargo por el mismo plazo que dure la eventual condena.

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Esta investigación, que data del 2016, inició a raíz de una denuncia de la Procuraduría Anticorrupción. Con la presentación de la acusación, terminó la etapa de investigación preparatoria y se espera ahora que el Poder Judicial realice el control de acusación para determinar si se pasa a juicio oral.

A la ministra y los demás investigados se les acusa de apropiarse de dinero del Estado, “habiendo simulado haber contratado, entre los meses julio a diciembre del 2014, presuntos servicios a las empresas Casa Importadora Andrea S.A.C. y Grupo Torres & Torres Luna S.A.C. para la prestación de los servicios de mantenimiento correctivo para cuarenta (40) vehículos, pertenecientes a la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, por un costo total ascendente a la suma de S/177.279”.

A Casa Importadora Andrea S.A.C. se le pagó S/110.123,83; mientras que al Grupo Torres & Torres Luna S.A.C., S/67.155,67.

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La imputación específica contra la ministra se refiere al hecho de haber autorizado a través de la Resolución Directorial N° 303-2014-PCM/OGA, del 30 de diciembre del 2014, el reconocimiento del pago a las citadas empresas. Según la Fiscalía, se suscribieron estos contratos, a pesar de que no existían las respectivas órdenes de servicio ni las constancias de conformidad, incluso “ni evidencias de haberse realizado el servicio”.

Al respecto, Barrios aseguró que la acusación fiscal “carece de asidero legal”, ya que actuó “en estricto cumplimiento del marco legal vigente” en el pago a las prestadoras de servicios por parte de la PCM. A través de un comunicado, negó que se haya apropiado de dinero o causado algún tipo de perjuicio al Estado.

Posteriormente, la ministra manifestó en Canal N que llamó al premier Vicente Zeballos para poner su cargo a disposición. “Él me dijo que le alcance los descargos […] Acto seguido le escribí al presidente [Martín Vizcarra] y le recalqué que mi cargo está a disposición”, detalló.