La Sala Penal Anticorrupción resolvió este jueves revocar, en parte, la orden de 24 meses de prisión preventiva contra el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, como parte de la investigación que se le sigue por presuntamente haber recibido sobornos de las constructoras Odebrecht y OAS.

El tribunal, además, dispuso la detención domiciliaria contra el fundador de Solidaridad Nacional, quien cumplía la prisión preventiva en el penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho. Así, Castañeda Lossio deberá afrontar la investigación en su contra por los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y lavado de activos agravado, también por 24 meses en su vivienda ubicada en Santiago de Surco.

Respecto a los otros implicados, José Luna Gálvez y Giselle Zegarra Flores, la sala decidió confirmar las comparecencias con restricciones para ambos, por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir y otros.

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De acuerdo con la resolución judicial, Castañeda Lossio también deberá pagar una caución de S/100 mil en un plazo de 72 horas. Luego de cumplir con este pago e instalar la detención domiciliaria, se procederá a dejar sin efecto la prisión preventiva.

El documento también precisa algunas prohibiciones para el exalcalde, como la comunicación con los coimputados en el proceso, testigos o peritos que la Fiscalía cite para fines de investigación. Tampoco podrá dar declaraciones a ningún medio de comunicación por este caso.

Asimismo, Luis Castañeda tiene prohibido realizar actividad política directa o indirectamente, y reuniones sociales en su vivienda, a menos que se trate de visitas familiares.

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Durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva, el lunes pasado, Luis Vivanco, abogado del exalcalde, solicitó que la medida debía ser variada a detención domiciliaria, debido al estado de salud de su patrocinado. Aseguró que padece de cáncer y de una enfermedad incurable.

En esa línea, el propio Castañeda Lossio advirtió sobre su situación médica y dijo que había tenido “varios infartos”, además de haber sido sometido a otros chequeos. Además, sugirió que una junta médica evalúe su estado de salud.

Esto después de que, el último viernes 14 de febrero, la jueza María Álvarez Camacho ordenó prisión preventiva por 24 meses para el exalcalde. La magistrada sostuvo que se cumplían los tres presupuestos de prisión preventiva: fundados y graves elementos de convicción, prognosis de pena y peligro procesal.