Atendiendo al grave contexto generado a consecuencia de la crisis sanitaria, la sección Especial reúne los trabajos de seis destacados penalistas quienes analizan la prisión preventiva y el hacinamiento penitenciario. En ese marco, en cuanto a la prisión preventiva figuran los trabajos del profesor José Urquizo Olaechea, quien se pronuncia respecto a la doctrina “razón de tipo humanitario”, y el de Fabiola Apaza Toledo respecto a la legitimidad de la variación de la prisión preventiva por el potencial contagio del COVID-19. Por otro lado, analizando el hacinamiento penitenciario figuran los trabajos de Claudia Felix Pacheco, Laurence Chunga Hidalgo y Max Vengoa Valdiglesias, quienes proponen interesantes salidas a este grave contexto. Finalmente, figura el trabajo de Francisco Valdez Silva, quien aborda un tema poco tratado y de suma importancia en nuestro medio: la responsabilidad penal por omisión del funcionario penitenciario.

Litigio penal

Analizando temas de actualidad, en la sección de aplicación del Código Procesal Penal de 2004, va la entrevista del profesor Percy García Cavero, quien responde algunas interrogantes respecto a las cuestiones problemáticas surgidas tras la reciente emisión de la Ley de Protección Policial.

Como jurisprudencia relevante del mes, se incluye la STC recaída en el Expediente N° 0006-2014-PI/TC, la cual respecto al delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas considera que este resulta idóneo, necesario y proporcional para proteger la estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema económico.

Responsabilidad del empresario por riesgos sanitarios en tiempos del COVID-19

En la sección de Derecho Penal, figura el trabajo de José Bustamante Requena, quien postula una redefinición entre las relaciones del dolo y la culpa, para lo cual expone una tercera categoría del tipo subjetivo que denomina como “conducta arriesgada” o “conductas riesgosas”.

Asimismo, resalta el análisis de la profesora Patricia Gallo, quien respecto a la responsabilidad del empresario por riesgos sanitarios en tiempos del COVID-19, señala que, frente a la posibilidad de contraer coronavirus durante el desarrollo de tareas en el centro de trabajo, si bien esta constituye un riesgo laboral, no hay infracción a la norma de seguridad y salud, ya que en esta no se contemplan medidas especiales para prevenir el contagio del COVID-19.

Figura también el interesante desarrollo que hace el magistrado Ángel Romero Díaz respecto la postulación del test de proporcionalidad como instrumento para establecer el quantum de afectación del monto de la incautación como medida cautelar para la lucha eficaz contra el crimen organizado.

Vínculo material como criterio e la incorporación del tercero civil reponsable

En la sección de Derecho Procesal Penal, destaca el artículo de Iván Gómez Carrasco, quien analizando los criterios asumidos en la Casación N° 951-2018/Nacional, se pronuncia respecto a la consideración del vínculo material como criterio para la incorporación en el proceso penal del tercero civil responsable. De este modo, señala que esta confunde el concepto real del tercero civil responsable, pues el vínculo que tiene el tercero civil se basa en una cooperación económica con el imputado causante de un daño, mas no en la producción de este.

Fundamentos político-criminales del proceso de extinción de dominio

En la sección de Doctrina se puede ubicar el importante desarrollo que realiza el Dr. Juan Antonio Rosas Castañeda, quien estudia el modelo de extinción de dominio optado en Latinoamérica y que es seguido también en Perú. Al respecto, considera a este como beneficioso, pues al ser un proceso autónomo de la responsabilidad penal personal no requiere de un proceso penal, por lo que el estándar de prueba aplicable será el de la probabilidad prevalente propio del proceso civil y no el de más allá de toda duda razonable propio del proceso penal.

Límites materiales del Derecho Penal en un Estado constitucional de Derecho

En la sección de Derecho Penal Constitucional figura el importante análisis que realiza Jorge Hugo Álvarez, quien resalta la importancia de los principios del Derecho Penal, los que señala constituyen límites materiales a la acción punitiva del Estado y evitan el abuso del poder. Asimismo, precisa que estos principios derivan de la Constitución Política, por lo que cualquier acción o norma que los desconozcan, devienen en inconstitucionales.

Jurisprudencia relevante

En materia jurisprudencial presentamos la siguiente sentencia:

• La Casación N° 442-2017-Ica, la cual refiere que, en el delito de peculado, el funcionario de hecho es aquel que ejerce funciones de un cargo público de manera efectiva y continuada pero su nombramiento es nulo o irregular.

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