El pasado 07 de mayo de 2020, el Ejecutivo presentó al Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 5145-2020-PE, el cual busca establecer la moratoria para la creación y autorización de nuevas universidades públicas y privadas hasta el 26 de abril de 2021, incluyéndose a aquellas universidades con licencia denegada. 

No obstante, en el predictamen la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso optó incorporar enl proyecto de ley la creación del «Consejo Nacional de Asuntos Universitarios«, órgano que estará encargado de revisar en segunda instancia las resoluciones expedidas por la Sunedu. 

Del mismo modo, en el texto sustitorio la Comisión propuso anular el requisito de cese de actividades de las universidades denegadas y ordena que las privadas reciban presupuesto del Gobierno para mejorar sus condiciones de calidad. Con lo cual, se mantendría a las universidades con licencia institucional denegada operando indefinidamente. 

Anre tal escenario, el Superintendente de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, afirmó para la Agencia Andina que, de aprobarse este propuesta legislativa, se afectaría a los estudiantes universidatarios respecto a la educación de calidad que les asiste como derecho, pues, se resquebrajaria todo el sistema educativo universitario que se ha tratado de mejorar cada día.

Aunado a ello, a través de un comunicado publicado el 12 de junio en su portal instiucional, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se pronunció y abordó las siguientes razones por las cuales no podría ampararse esta iniciativa legislativa: 

• El texto sustitutorio propone una moratoria para la creación y funcionamiento de filiales de universidades licenciadas por tres años y, reduce la prohibición para la creación y autorización de universidades públicas y privadas a solo 120 días calendario, es decir, a 4 meses.

• La moratoria propuesta para filiales afectaría el trabajo que viene impulsando la Sunedu para concretar el traslado de los estudiantes de universidades con licencia denegada, tanto para sedes centrales como para filiales que pueden ser creadas para atender la demanda existente, especialmente, en el interior del país

• Esta iniciativa impedirá que se exija a las universidades con licencia denegada el cumplimiento de sus obligaciones de cese como requisito para presentarse a un nuevo licenciamiento. Exigencia contemplada por el Tribunal Constitucional.

• El proyecto propone mantener a las universidades denegadas operando indefinidamente, es decir, en vez de promover el acceso a la oferta educativa que cumplió con CBC o de ampliar dicha oferta para el traslado de estudiantes de las denegadas, se resguarda la oferta carente de calidad.

• El texto propone que las universidades con licencia denegada reciban asesoría del Ministerio de Educación para volver a presentarse al licenciamiento. Es decir, se trasladaria al Estado la responsabildad y el gasto que dichas universidades requieran para cumplir las condiciones básicas de calidad previstas para universidades nuevas, en vez de que sean los mismos dueños y promotores quienes efectúen esa inversión.

• La propuesta contiene disposiciones para recortar la autonomía técnica de la Sunedu, permitiendo la revisión de las decisiones de la Superindentencia a través de un “Consejo Nacional de Asuntos Universitarios”, bajo una conformación política, no técnica, y cuyos miembros podrían no tener la cualidad meritocrática indicada, ni la independencia debida.

• Los miembros de este Consejo serían elegidos por las autoridades de las universidades, lo que representa un evidente conflicto de interés, vulnerando la autonomía que debe regir en todo organismo técnico. 

• La Ley orgánica del Poder Ejecutivo señala, expresamente, que todo organismo público es creado por Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo. En este caso, ni el sector Educación ni en el Ministerio de Economía y Finanzas han sido siquiera consultados sobre la creación de esta nueva instancia que ejercería control sobre la SUNEDU.

• El artículo.19 de la Ley Universitaria señala que el Consejo Directivo constituye la única instancia administrativa en los casos que sean sometidos a su conocimiento y la Ley N° 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo, permite estas únicas instancias.

Por su parte, el Ministro de Educación, Martín Benavides, señaló que la aprobación del proyecto de ley “ sería un claro atropello contra las decisiones técnicas que ha emitido Sunedu y un atropello contra la idea de que las universidades denegadas se responsabilicen de la situación de los estudiantes a los cuales han engañado por tanto tiempo”; refirió a RPP.