Tras la aprobación de la reforma constitucional que elimina la inmunidad para el Presidente de la República, ministros, miembros del Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo, suscitada el domingo 05 de julio en el pleno del Congreso, once constitucionalistas y miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso renunciarion como muestra de rechazo y desacuerdo, a través de cartas dirigidas al presidente de la Comisión, Omar Chehade Moya. 

Así, figuran los expresidentes del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola y César Landa, el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Pedro Cateriano, así como los abogados Samuel Abad, Javier De Belaúnde, Elena Alvites, Betzabé Marciani, Rocío Villanueva, Elizabeth Salmón, Luciano López Flores y Juan Carlos Ruíz. 

En las cartas de renuncia los constitucionalistas dieron a conocer al Presidente de la Comisión que las reformas se habrían aprobado sin el mayor debate técnico, vulnerando los propios límites formales y materiales que la Constitución impone. 

Uno de los primeros en renunciar fue el exmagistrado del TC, Óscar Urviola, quien señaló que “la formacómo se ha presentado ante el Pleno del Congreso de la República el dictamen en mayoría sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, cuyo alcance,  sin la debida fundamentación, ha afectado la autonomía y facultades de los magistrados del Tribunal Constitucional, el defensor del Pueblo, el presidente de la República y los ministros de Estado, alterando de esta forma las bases del sistema democrático, que se basa en la división de poderes y el sistema de pesos y contra pesos”.

Por su parte, el también exmagistrado y expresidente del TC, César Landa, advirtió en su carta de renuncia que la decisión del Pleno afecta la independecia y neutralidad de los magistrados del Tribunal Constitucional al resolver conflictos donde se ven inmersos derechos fundamentales y al ejercer el control de los excesos de los poderes públicos, quienes además podrían verse afectados con cualquier denuncia que les interpongan los justiciables y sin que los magistrados pueden ejercer adecuadamente su defensa. 

“La decisión de la mayoría parlamentaria no solo ha desconocido que el Congreso no es un poder constituyente, sino un poder constituido, y; que las reformas constitucionales para ser válidas deben respetar deben respetar los límites formales y materiales, explícitos e implícitos, como así lo ha establecido el Tribunal Constitucional”; señaló el profesor de Derecho Constitucional. 

Los demás exmiembros del Consejo Consultivo coincidieron en afirmar que las decisiones arribadas por el Pleno del Congreso debilita y contraviene el principio democrático, del cual reposa nuestro Estado Constitucional.