Inicio este tema con un pequeño fragmento del evento “Entre la luz y la sombra”, desde La Realidad Zapatista, en mayo del 2014, dichas por el portavoz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Subcomandante Insurgente Marcos, ahora llamado Galeano; puesto que, durante más de quinientos años los pueblos indígenas de América Latina han sido agraviados y explotados, desde la llegada de los conquistadores-invasores-saqueadores, que de alguna forma han ejercido algún tipo de violencia sobre las poblaciones originarias, de manera individual o colectiva.

Si bien es cierto, la lucha globalizadora contrahegemónica del EZLN es una lucha por la vida y contra el olvido, que iniciaba en la madrugada del 01 de enero de 1994, cuando entraba en vigor el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ante esto, las demandas de los Neo-zapatistas señaladas en la Primera Declaración de la Selva Lacandona, fueron leídas en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México; siendo las siguientes: “…trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz…” [1].

Después de 12 días intensos de lucha armada, el gobierno federal, propone una Ley de Amnistía, por los acontecimientos sucedidos, en los primeros días de enero de 1994. El domingo 20 de febrero se inicia el “Diálogo de la Catedral”, entre el gobierno federal y el EZLN, con la participación del Teólogo de la Liberación Samuel Ruíz García (mediador), Manuel Camacho Solís (Comisionado Para la Paz en Chiapas), “…el Subcomandante Insurgente Marcos y tres mujeres combatientes…” [2].

Después de encuentros, desencuentros y la falta de interés por parte del gobierno federal; se firma el Primer Acuerdo de Paz, entre el EZLN y el gobierno federal, en materia de derechos y cultura indígena, en el contenido de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en donde se reconocen derechos legítimos de los pueblos originarios: derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales, y derechos jurisdiccionales.

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, se intensificó una Guerra de Baja Intensidad (GBI), en contra de los pueblos indígenas de Chiapas, teniendo su fundamento en el “Plan de Campaña Chiapas 94” [3], que consiste en la participación de grupos paramilitares, policías, militares y la aquiescencia del propio Estado. Sin embargo, el 22 de diciembre de 1997, fueron masacrados 49 indígenas tsotsiles, en la población de Acteal, como resultado de la violencia y Estado de excepción que se vive en México; con esto podemos observar, desde el comienzo de este documento, lo que Walter Benjamin denominó como violencia fundadora y violencia conservadora, afirmando que “toda violencia fundadora se convierte en una violencia conservadora”, y viceversa, “toda violencia conservadora, tiene su origen en una violencia fundadora” [4].

Bajo este orden de ideas, estamos demostrando una pequeña parte de la vigente violación y violencia sistemática de derechos humanos en los pueblos originarios de México, puesto que la intención de este texto es explicar, el significado de la palabra Gewalt, siguiendo una tradición antigua de su significado en alemán. Si bien es cierto, la polisemia de la palabra Gewalt, en francés se traduce como “violencia”, “fuerza” o “poder”; incluso revelándose intraducible. En este sentido, la violencia ha estado presente en el materialismo histórico de la humanidad, como parte de la historia de la lucha de clases; por lo que se ha llegado a idealizar sobre la violencia misma.

Una de las manifestaciones de la violencia también es notoria en la escuela, el trabajo, el hospital, el hospital psiquiátrico, y la prisión, como bien lo advierte Foucault, en sus estudios sobre la sociedad disciplinaria [5]. No obstante, también Louis Althusser, ya había hablado sobre los aparatos ideológicos del Estado, que de alguna forma  no son represivos, pero funcionan con “violencia e ideología”, por ejemplo:

«Los aparatos ideológicos del estado religiosos (el sistema de distintas iglesias);

Los aparatos ideológicos del estado escolares (el sistema de las distintas “escuelas” públicas y privadas);

Los aparatos ideológicos del estado familiares;

Los aparatos ideológicos del estado jurídicos;

Los aparatos ideológicos del estado políticos (el sistema político, sus distintos partidos);

Los aparatos ideológicos del estado sindicales;

Los aparatos ideológicos del estado de información (prensa, radio, televisión, etcétera);

Los aparatos ideológicos del estado culturales (literatura, bellas artes, etcétera)» [6].

En suma, en el mundo jurídico, sabido es que según Kelsen, «una norma jurídica es la que prescribe una sanción jurídica. Hablando en la terminología de von Wright, el contenido de las normas jurídicas es un acto coercitivo que priva de un bien” [7], que dicho sea de paso, el Estado está legitimado para ejercer la violencia del poder.

Ahora bien, por lo que he señalado hasta aquí, sobre las diversas manifestaciones de la violencia, no es mi intención dar un esquema detallado sobre la violencia hegemónica, de los factores internos y externos en las instituciones, con una postura gramsciana. Ante esto, el Profesor emérito de la Universidad de Paris X-Nanterre, Étienne Balibar indica: “…en la dialéctica de la Gewalt, en el hecho de la violencia y la idealidad, se puede caer en la crueldad…” [8]; y es precisamente sobre esta crueldad, que no tiene rostro, ni sujeto, que vamos a enfocar nuestro análisis en Latinoamérica. 

En relación al párrafo anterior: “El capitalismo fabrica una sobrepoblación y se deshace de ella, o de su ‘excedente’…” [9], siendo que, hoy en día, hablar de sobrepoblación es lo mismo que hablar de “subdesarrollo”; un claro ejemplo del exterminio y eliminación de la población, como “hombres desechables” se da en la periferia, donde el sida, el hambre y la pobreza son evidentes en África y América Latina.

Datos de la Organización de las Naciones Unidas indican que,  “… en 2018 cerca de 821 millones de personas en el mundo sufrían malnutrición; o lo que es lo mismo, 1 de cada 10 seres humanos.  De hecho, el hambre y la malnutrición son el principal riesgo de salud a nivel mundial, incluso mayor que el sida, la malaria y la tuberculosis juntos” [10].

De esto 164 millones 200 mil personas en África sufren de hambre y malnutrición, el cual representa el 20% de la población mundial; mientras que  57 millones 470 mil personas, sufren las mismas condiciones en América Latina y el Caribe, representando el 7% de la población en el mundo.

En este sentido, la pandemia de la COVID-19, se ha convertido en otra manifestación más del residuo de crueldad de la Gewalt; puesto que desde su origen, nos podemos dar cuenta que la venta de animales salvajes y exóticos son parte de la sociedad de consumo, a la que solo le interesa generar ganancias, sin importarle la humanidad o las consecuencias que la economía del poder vaya generando.

“En América Latina, la población indígena supera los 45 millones de personas, poco menos del 10% de la población total de la región, por lo cual, es la zona de mayor densidad demográfica indígena del planeta. Se registran 826 Pueblos Indígenas distintos, de los cuales unos 100 tienen carácter transfronterizo, es decir, que residen en al menos dos países de la región” [11].

Hoy en día, los más vulnerables ante esta situación pandémica, son los pueblos originarios, que por necesidad de trabajo o alguna otra circunstancia, hacen contacto con la cultura occidental, y no tienen la debida información preventiva en su lengua materna, por la falta de políticas públicas, regresando a sus hogares sin saber que han sido contagiados.

Sin embargo, otro factor de etnocidio, es que, a pesar de la circunstancia en la que nos encontramos a escala global, las empresas mineras, el extractivismo y los megaproyectos, han encontrado en la pandemia una oportunidad para seguir con sus planes y no detenerse para expropiar sus territorios. Incluso han ignorado los instrumentos internacionales que garantizan derechos a los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT, que es un instrumento jurídico internacional de derecho duro vinculatorio, para los países que lo han ratificado, garantizando el derecho a la libre determinación, autonomía y la consulta previa, libre e informada.

En relación a sus derechos, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, reitera que: “La filosofía y la letra del Convenio N 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas tienen el derecho a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el bienestar y la salud de sus comunidades” [12].

Esperamos que los gobiernos asuman la responsabilidad de garantizar la “salud y bienestar” de los indígenas, considerando el uso de la medicina tradicional; lo cual no quiere decir que se excluye el uso de la medicina moderna para esta pandemia, ni mucho menos sus conocimientos y saberes.

El problema principal que encontramos de este nuevo coronavirus, es que los pueblos indígenas pueden desaparecer, si no se descubre lo más pronto una vacuna. Añadiendo que para salir de la crisis económica provocada por la COVID-19, los gobiernos tengan que hacer uso de los territorios donde habitan, para “realzar la economía”, generando desplazamientos forzados y muertes aceleradas, es decir, ¡LA GEWALT!

Es muy importante que los pueblos originarios se organicen para crear estrategias en lo cotidiano, asumiendo tareas y roles dentro de sus comunidades, cuidando a las personas más vulnerables, como las personas adultas mayores; así como adquiriendo responsabilidades con localidades vecinas. Aquí el apoyo de las ONGs es de suma importancia, facilitando médicos y científicos sociales para coadyuvar en actividades y ser interlocutores con los gobiernos para que faciliten alimentos.