La situación sanitaria actual, caracterizada por un confinamiento en los hogares, ha agudizado diversos problemas que ocurren dentro del seno familiar, siendo la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar el más latente; por ello, nuestra sección especial contiene cuatro importantes artículos sobre dicha situación, escritos por especialistas en el tema. Así, Sofía Rivas La Madrid, realizando un análisis jurisprudencial, brinda criterios de interpretación acerca de la violencia familiar y sus implicancias en el Derecho Penal. Por otro lado, Hugo de Romaña Velarde analiza minuciosamente los contextos del delito de agresiones domésticas, brindando importantes herramientas teóricas y prácticas para comprender dicho ilícito penal. Asimismo, Gilberto Acuña Remigio profundiza sobre la interpretación y aplicación de la regulación acerca del incumplimiento de medidas de protección dictadas en el marco de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Por último, Ana Susana Cercado Silva analiza las implicancias del incumplimiento de este tipo de medidas y su relación con el delito de desobediencia a la autoridad.

Litigio penal

Con la intención de comprender la trascendencia del principio de proporcionalidad en materia penal y procesal penal, se entrevista al profesor José Urquizo Olaechea, quien establece importantes precisiones sobre este principio, su diferencia con el test de proporcionalidad y su implicancia en la prisión preventiva.

Las claves esquematizadas contemplan el proceso de colaboración eficaz, su base legal, notas doctrinales y jurisprudencia relevante sobre el tema, constituyéndose en una herramienta imprescindible para todo abogado que desee comprender de manera simple y ordenada dicho proceso especial.

La jurisprudencia relevante de este mes es la resolución recaída en el Expediente N° 19- 2019-10, emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, que establece que el incumplimiento de la obligación de realizar la audiencia acarrea la nulidad absoluta, ya que se vulneran las garantías constitucionales del proceso penal.

Las consecuencias accesorias y la responsabilidad penal de las personas jurídicas

En la sección de Derecho Penal, Jhoel Julca Vásquez desarrolla la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias y la fundamentación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país.

En la sección de Delitos comunes destaca el trabajo elaborado por Eduardo León Alva y Liliana Silva Tapia, quienes realizan un importante análisis sobre la naturaleza de los documentos en los que recae la acción falsaria. Por otro lado, Jorge Márquez Alvis estudia el contexto delictivo de desigualdad y subordinación de género que subyace en el delito de feminicidio.

El proceso de extinción de dominio y su fundamento constitucional

En la sección Derecho Procesal Penal, Juan Antonio Rosas Castañeda analiza los fundamentos constitucionales del proceso de extinción de dominio, el cual tiene estrecha relación con el proceso penal; asimismo, establece que este no afecta al derecho de propiedad per se, sino a un dominio que no merece protección jurídica.

En esta misma sección, Nakin Rojas Montoya realiza un profundo estudio acerca de la cosa juzgada civil y su incidencia dentro del proceso penal. Por su parte, Estuardo Montero Cruz analiza si las declaraciones realizadas en un juicio nulo pueden servir como declaraciones previas en un nuevo juicio.

Por otro lado, Edilberto Molina Escobedo indaga acerca de la duplicidad de causales de excepciones contempladas en el Código Procesal Penal y la problemática en torno al sobreseimiento. Finalmente, Eloy Marcelo Cupe Calcina analiza los problemas de actuación del actor civil dentro del proceso penal, estableciendo que es posible continuar con el proceso penal aun cuando no se concluya la pretensión civil.

La autoría en los delitos de corrupción de funcionarios y la teoría del dominio del hecho

En la sección Doctrina Penal, Waldir Obispo Díaz refiere que la autoría en los delitos de corrupción de funcionarios se define a través de la teoría del dominio del hecho y no mediante la teoría de la infracción del deber.

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