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Una mirada al proceso constituyente en Chile

Una mirada al proceso constituyente en Chile

Rodríguez: «El resultado del Plebiscito Nacional 2020 debe ser visto como la posibilidad que tiene Chile para construir un mejor futuro».

Por Rafael Rodríguez Campos

lunes 2 de noviembre 2020

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En “La Constitución Tramposa” (LOM Ediciones: 2017), el destacado constitucionalista chileno, Fernando Atria, profesor en la Universidad de Chile, nos advierte que para hablar del proceso constitucional en Chile debemos reconocer, entre otras cosas, que el “espíritu” original de la Constitución de 1980 (la Constitución de la dictadura de Pinochet) y sus redactores consistía en la neutralización del poder del pueblo en su rol de agente político o, dicho de otro modo, la transformación del “pueblo” en “gente”, es decir, “”una audiencia que sufre las consecuencias de las decisiones tomadas por la clase política”.

Al respecto, considero necesario recordar, como lo expone en “Diez puntos sobre el cambio constitucional en Chile” (Revista Coyuntura: 2020), el notable constitucionalista argentino, Roberto Gargarella, profesor de la Universidad de Buenos Aires, que en 1979, y poco antes de la aprobación de la Constitución pinochetista, su principal ideólogo, Jaime Guzmán, declaró: “La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, para que el margen de alternativas que la cancha les imponga a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido como para hacer extremadamente difícil lo contrario”.

Pocas veces, apunta el profesor Gargarella, en la historia del constitucionalismo nos encontramos con un reconocimiento tan abierto y descarnado de lo que aparece como la peor cara que una Constitución puede ofrecernos: la Constitución como «cárcel» de la democracia –como forma de aprisionarla– y no como manera de organizarla, hacerla posible o realizarla. Así, para el profesor Gargarella, Guzmán, como tantos, confundió la «validez» de una norma –su justificación pública– con su «vigencia», es decir, con su efectividad o estabilidad, que pudo deberse, como en el caso de Chile y la Constitución de 1980, primero al miedo y a las armas y luego a la dificultad de modificarla. 

Por este motivo, comparto lo expuesto por el profesor Atria, cuando señala que era necesario insistir en la idea de concientizar a los ciudadanos y ciudadanas acerca de la legitimidad de la demanda de una nueva Constitución, antes incluso de discutir en detalle los mecanismos posibles para acoger esa demanda. Y ello, porque no era posible llegar a esa instancia sin un apoyo y convicción masivos. Hoy, luego de los resultados obtenidos en el Plebiscito Nacional 2020, queda claro que la demanda de una nueva Constitución (78% a favor) elaborada por una Convención Constitucional (79% a favor) cuenta con el apoyo multitudinario de las grandes mayorías del país.

Ahora bien, pensando en la tarea que deberá cumplir la Convención Constitucional que será elegida en abril de 2021, y en el proceso de elaboración de la nueva Constitución en Chile, es necesario afirmar que si bien la crisis de representatividad y legitimidad política inició con la aprobación fraudulenta de una Constitución espuria -desde su origen- como la de Pinochet, no menos cierto es que las reformas inoculadas al sistema desde el retorno de la democracia no solo no pudieron corregir los defectos de la misma sino que prolongaron -en no pocos casos- su vocación autoritaria y la imposibilidad de redefinir el statu quo imperante. En otras palabras, era imposible -como ahora se reclama- que Chile avance en materia de derechos (sociales, sobre todo), consagrándolos como bienes y/o servicios públicos que deben ser garantizados por el Estado, si previamente no se avanzaba sobre el núcleo duro de la Constitución: la organización del poder.

Ahora bien, corresponde señalar que los partidos de centroizquierda también son responsables de la crisis que vive el sistema político chileno. Y es que los partidos políticos de centroizquierda durante los años 90 y 2000, perdieron presencia organizacional en las bases, lo cual se evidencia con claridad en el desalineamiento progresivo de federaciones estudiantiles y otros movimientos relevantes, como el ya debilitado sindicalismo o las organizaciones mapuches. Ergo, era imposible forzar un cambio radical en la estructura del poder si las fuerzas políticas progresistas habían perdido presencia y capacidad de movilización en el tejido social chileno, como bien lo explica el destacado politólogo chileno, Juan Pablo Luna, profesor de la Universidad de Carolina del Norte, en la obra “En vez del optimismo. Crisis de representación política en el Chile actual” (Catalonia: 2017),

Justamente, por lo antes expuesto, estimo que el resultado del Plebiscito Nacional 2020 debe ser visto como la posibilidad que tiene Chile para construir un mejor futuro. Y es que, como lo señala el profesor Gargarella, Chile tiene la oportunidad de optar por una declaración de derechos liberal, social y democrática, y de hacerlo ajustando de modo acorde toda su organización del poder y convertirla en una organización, también, al servicio de ideales liberales, sociales y democráticos, un paso que el poder (político y económico) concentrado en América Latina ha buscado siempre impedir.  

Para ello, el proceso constituyente en Chile debe buscar como prioridad que el esquema constitucional clásico de frenos y balances (destinado a canalizar institucionalmente la guerra civil) consagrado en la Constitución de Pinochet se transforme en otro, orientado en una dirección diferente: no ya evitar la guerra, sino favorecer por fin el diálogo inclusivo, entre iguales. Todo ello, reconociendo que en una sociedad de iguales, cada individuo debe ser capaz de vivir su vida como quiere y cada sociedad debe tener la posibilidad de organizar su vida futura del modo en que considere más apropiado, como bien lo apunta el profesor Gargarella.

Es decir, siguiendo la lógica del expresidente de Chile, Ricardo Lagos o del profesor Atria, es necesario que la Convención Constitucional rompa radicalmente con la herencia de la dictadura, y eso supone acabar con los enclaves autoritarios, abriendo los cerrojos y candados que el pinochetismo consagró en la Constitución para impedir que el soberano movilizado (o en las urnas) defina su futuro.

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