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La pena estatal y los beneficios penitenciarios

La pena estatal y los beneficios penitenciarios

Debido a la importancia de la pena estatal como consecuencia jurídica del delito, así como la problemática de su ejecución, en el especial del mes de noviembre de Gaceta Penal & Procesal Penal se estudia la discusión actual acerca del fin de la pena y la aplicación excepcional de los beneficios penitenciarios, resaltando el análisis sobre la justificación de la pena desde su funcionamiento social e individual y los nuevos paradigmas que debe afrontar la resocialización, así como la correcta aplicación de los criterios excepcionales en los beneficios penitenciarios. En ese sentido, se reúnen tres importantes especialistas en el tema, tales como el profesor español Daniel Rodríguez Horcajo, Cristhian Cerna Ravines y Luis Ricra Soto.

Por Gaceta Penal & Procesal Penal

viernes 20 de noviembre 2020

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Especial: Pena estatal y beneficios penitenciarios – aspectos operativos

La pena y sus fines son algunos de los temas más controvertidos que a través del tiempo se siguen discutiendo; además, otro asunto que ha sido debatido recientemente a causa de la pandemia, es la liberación de internos e internas de los centros penitenciarios a fin de reducir el riesgo de contagio durante su permanencia en las cárceles peruanas. En ese sentido, nuestra sección Especial reúne a tres destacados penalistas especialistas en la materia. Así, el doctor Daniel Rodríguez Horcajo realiza una importante apreciación sobre la justificación de la pena desde su funcionamiento social e individual, estableciendo que el castigo se legitima por el beneficio grupal que puede representar a la sociedad.

Por su parte, Cristhian Cerna Ravines desarrolla el fin de la pena privativa de libertad en el Perú, estableciendo que esta no es aplicable a los sujetos que denomina “supersocializados” porque ha sido pensada para los delincuentes clásicos no resocializados. Por último, Luis Alberto Ricra Soto precisa algunos lineamientos respecto a los beneficios penitenciarios introducidos por el Decreto Legislativo Nº 1513 en el marco de la pandemia provocado por el COVID-19.

Abuso policial en el interrogatorio

En la presentación de la revista se realiza una crítica al  interrogatorio policial contra presuntos responsables de un incendio forestal en Ollantaytambo, precisando los derechos que fueron vulnerados con el trato humillante de los efectivos policiales, esto es, el derecho de defensa, la no autoincriminación, entre otros.

La persecución al delito de minería ilegal

Con la intención de conocer los avances significativos en la lucha contra el delito de minería ilegal, luego de ocho años de vigencia, se incluye una importante entrevista realizada al profesor Daniel Huamán Castellares, quien establece esclarecedoras precisiones sobre los avances y retrocesos de la persecución penal de los delitos de minería ilegal, la sanción del acto minero de beneficio y la importancia del proceso de formalización en este tipo penal.

Las claves esquematizadas contemplan los aspectos fundamentales del delito de homicidio calificado por ferocidad, su ubicación sistemática del bien jurídico, notas doctrinales y jurisprudencia relevante sobre el tema, constituyéndose en una herramienta con enfoque teórico-práctico, imprescindible para todo abogado que desee comprender de manera simple y ordenada sobre este recurso extraordinario.

Como jurisprudencia relevante de este mes se incluye al Expediente Nº 17-2019-02, en el que se precisa que las medidas disciplinarias impuestas en un procedimiento administrativo no impiden la imposición de suspensión preventiva de derecho en el proceso penal.

El delito continuado y su influencia en el Derecho Administrativo Sancionador

 

En la sección de Derecho Penal, Luis Miguel Reyna Alfaro desarrolla la posibilidad de aplicar en el Derecho Administrativo Sancionador la “continuidad” y los criterios dogmáticos del Derecho Penal sobre delito continuado. Por otro lado, Michael Omar Ramírez Julca analiza la relación existente entre el concurso medial de delitos y el delito de peculado.

La conspiración en los delitos contra la Administración Pública

En la sección de Delitos económicos y contra la Administración Pública, destaca el trabajo elaborado por Espitz Pelayo Beteta Amancio, quien describe un fenómeno criminal autónomo dentro de los actos preparatorios vinculados a los delitos contra la Administración Pública a los cuales le asigna naturaleza conspirativa.

El proceso de colaboración eficaz

En la sección de Derecho Procesal Penal, Roger Renato Vargas resalta la importancia de la colaboración eficaz en la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia económica y la corrupción, haciendo hincapié en la poca eficacia de las técnicas de investigación tradicionales y de las técnicas especiales de investigación en esta clase de delitos.

También resalta el trabajo de Ricardo A. Brousset Salas, Roberto C. Vílchez Limay y Diego Carhuachagua Escalante, quienes centran sus análisis en los agentes encubiertos y especiales y establecen criterios para su correcta aplicación.

Por último, Pedro Lizárraga Lazo analiza la medida cautelar personal de la prisión preventiva a la luz de las exigencias constitucionales que recaen sobre esta.

Los extraneus en los delitos de infracción del deber

En la sección Doctrina Penal, Luis Gustavo Guillermo Bringas aborda la participación del extraneus en los delitos de infracción de deber, precisando que la conducta de este no es impune, pues ha transgredido las responsabilidades que como ciudadano le corresponde.

Jurisprudencia relevante

En esta sección hemos incluido sentencias importantes como el Recurso de Casación N° 334-2019-Ica, que delimita los criterios que deben seguir los médicos para no incurrir en un delito de homicidio culposo por imprudencia.

Asimismo, el Recurso de Casación N° 1126-2018-San Martín aborda el delito de falsa declaración en un procedimiento administrativo, específicamente en el proceso de selección de contrataciones públicas.

Por último, el Recurso de Casación N° 36-2019-Tumbes desarrolla las facultades del actor civil para colaborar con el esclarecimiento del hecho delictivo, la intervención de su autor o partícipe, así como en la acreditación de la reparación civil que pretende.

Si usted es suscriptor, puede acceder al texto completo de la revista mediante la zona exclusiva del suscriptor; y, en caso de que no lo fuera, puede revisar el sumario del N° 135 (setiembre de 2020) de Gaceta Penal & Procesal Penal aquí y/o leerlo AQUÍ.

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