En el mundo se está viviendo una crisis sin precedentes debido a la pandemia del virus SARS -CoV-2 (COVID-19). Los esfuerzos en los diversos países están centrados en descubrir vacunas eficaces y seguras para combatir ese grave problema sanitario (a nivel global son 64 millones de personas las contagiadas, de las cuales 1.5 millones han fallecido durante el año 2020), que conlleva además nefastas implicancias económicas y sociales. Sin embargo, en muchas naciones y en particular en aquellas menos desarrolladas, como es el caso del Perú, se ha prestado poca atención a ciertos aspectos que son fundamentales para que, una vez aprobadas las vacunas para su aplicación a seres humanos, éstas puedan ser administradas de manera efectiva a la población: Nos referimos a la infraestructura y la logística, indispensables para la inmunización.

Existe el consenso en que las restricciones en las actividades humanas (medidas tales como el distanciamiento social, limitaciones al ejercicio de ciertas actividades económicas, reducción del aforo a locales comerciales, cierre de escuelas, obligatoriedad del uso de mascarillas cubriendo nariz y boca, desinfección con alcohol gel, entre otras), denominadas como reglas de nueva normalidad, continuarán vigentes hasta que se logre neutralizar el coronavirus. Por ello es que, como nunca antes en la historia de la humanidad, existen múltiples laboratorios desarrollando procesos de investigación conducentes a identificar vacunas efectivas contra la COVID-19. 

Las autoridades del Poder Ejecutivo en el Perú han expresado en más de una oportunidad que la vacuna contra la COVID-19 está próxima a llegar e incluso han deslizado que la vacunación se produciría durante el primer trimestre del año 2021. Es así que, por ejemplo, el ex Presidente de la República Martín Vizcarra, cuando estaba en ejercicio del cargo, aseguró en setiembre último que el Perú contará en el primer trimestre del próximo año con una vacuna contra la COVID-19, lo cual fue ratificado por principales funcionarios del Ministerio de Salud (MINSA).

Sin embargo, estas expresiones optimistas de los líderes políticos del Perú contrastan con lo expresado en otros países más desarrollados que el nuestro y mucho más próximos a los centros de investigación y producción de las vacunas. Es así que la Científica en Jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, manifestó que “La gente piensa que el 1 de enero habrá una vacuna y que las cosas volverán a la normalidad, pero las cosas no serán así. Nadie jamás ha producido vacunas en los volúmenes que se necesitarán, así que en 2021 esperamos tener vacunas, pero en una cantidad limitada”. En Estados Unidos y Europa se están otorgando autorizaciones de emergencia, para iniciar en el presente mes de diciembre la aplicación de algunas pocas dosis de algunas vacunas contra el COVID-19.

Ocurre que, desde un punto de vista estrictamente científico, para que una vacuna pueda considerarse exitosa, lo primero es que se demuestre que cumple con las cualidades de ser efectiva y segura. Esto implica que, el producto desarrollado en el laboratorio debe ser capaz de neutralizar de forma significativa los efectos nocivos que origina el virus del COVID-19 en los seres humanos y, además, lograr ello sin generarles efectos secundarios perjudiciales. Además, debe constatarse las consecuencias que una vacuna puede ocasionar específicamente en grupos de personas que sufren algún otro tipo de afección a su salud (diabetes, problemas coronarios, enfermedades oncológicas, dificultades respiratorias, etc).

En el caso del Perú, aún si pasamos por alto las atingencias planteadas por la OMS respecto al tiempo que tardaría la ciencia para contar con una disponibilidad real de las vacunas (considerando exclusivamente los aspectos científicos propios a su desarrollo), resulta pertinente revisar el estado situacional de las gestiones para la obtención de la vacuna.

Es así que en entrevista reciente, el integrante del denominado “Comando Vacuna” (que contribuye con el gobierno en la búsqueda de conseguir la vacuna contra COVID-19 para el Perú), Ingeniero Raúl Delgado Sayán, declaró que, en este momento, el Perú “solamente tiene pactado con el Laboratorio Pfizer, la dotación de 1.5 millones de dosis de vacuna para el primer trimestre 2021 y eso alcanzará para 750 mil personas. Tenemos que firmar convenios con más laboratorios (…)”. Agregó que “En el caso de COVAX facility (que es un mecanismo de tipo colaborativo impulsado por la OMS para ayudar a que los países optimicen su lucha contra la pandemia) es posible que las vacunas se distribuyan recién en el segundo semestre de 2021”.

Asimismo, atendiendo al escenario de falta de certeza sobre el manejo de las políticas para la vacunación contra el COVID-19 en el Perú, la Defensoría del Pueblo emitió el 26 de setiembre de 2020 un pronunciamiento, demandando que el gobierno haga público el plan nacional de vacunación masiva ante la pandemia. En dicho documento, la Defensoría señaló que es deber del Estado brindar información sobre las decisiones que piensa implementar para llevar a cabo las campañas de vacunación.

Recién el 16 de octubre de 2020, es decir 7 meses después que la pandemia se “instaló” en el Perú, el MINSA emitió la Resolución Ministerial N° 848-2020/MINSA, a través de la que se aprueba el documento técnico denominado “Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19”, cuyo objetivo principal es implementar la vacunación segura como medida de prevención contra la COVID-19 en el Perú (dicho documento plantea la salvedad de que el período de ejecución del plan “está sujeto a la disponibilidad de la vacuna a nivel nacional”). En otras palabras, el mencionado “Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19”, constituye un marco general, de carácter meramente enunciativo, seguramente diseñado con buenas intenciones, pero que no cumple con la finalidad de responder a los aspectos claves necesarios para gestionar una campaña de vacunación exitosa.

La logística necesaria para el proceso de distribución y aplicación de una vacuna depende de las características de la vacuna que vaya a aplicarse. En el caso de la vacuna de Pfizer, que es la que ha gestionado el gobierno del Perú, para conservarse, requiere cadenas de frio exigentes, a menos de 80 grados centígrados. Distribuirlas en todo el país va a ser difícil porque la cadena de frío hoy no existe en el país. Así el Doctor Jarbas Barbosa, Sub Director de la Organización Panamericana de la Salud afirmó que “Ningún sistema de salud del mundo está preparado para cubrir las necesidades de almacenamiento y transporte de la cadena de frío de dos de las vacunas de la COVID-19 (…) entre ellas la anunciada por la empresa farmacéutica Pfizer”. Agrega que “ningún sistema de salud en el Caribe, en América del Sur (…) están listos para manejar estas vacunas porque para ello se necesita tener un almacenamiento a -70°C. Si los países van a utilizar esas vacunas tendrán que prepararse”. 

Urge implementar procesos logísticos inteligentes que permitan un abastecimiento constante de la vacuna sin poner en riesgo la eficacia de ésta. Se necesita en esencia, de una infraestructura que contemple la cadena de frío en los niveles de temperatura indispensables para que la vacuna a utilizarse mantenga su eficacia desde que es traída al país hasta que se aplica a los ciudadanos, así como la necesidad de implementar sistemas de energía eléctrica, de preferencia alimentados con fuentes renovables no convencionales (energía solar), en aquellas localidades que carecen de servicio eléctrico o que, contando con este, el mismo no resulta continuo ni confiable por presentar irregularidad en su calidad y/o interrupciones frecuentes. Recién el 3 de diciembre de 2020, el gobierno del Perú publicó el Decreto de Urgencia N° 131-2020 dictando medidas extraordinarias que permitan el almacenamiento, conservación, distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID-19, asignando 145 millones para que el MINSA adquiera equipos para la cadena de frío (¿Qué avances ha habido en la gestión de compra de esos costosos y escasos bienes? ¿Cuándo estarán instalados en el territorio nacional?).

La implementación de los referidos sistemas de frio no solamente permitirá enfrentar un grave problema coyuntural, sino que servirá además como impulso para incidir en la mejora de la calidad de vida en las regiones en que se implemente, en especial en zonas rurales y vulnerables, puesto que, contribuirá a fortalecer la conectividad de las economías sustentadas con el agro, permitirá la conservación de vacunas referidas a otras enfermedades y, además con la provisión de energía eléctrica de fuente renovable para alimentar el sistema de cadena de frio, se conseguirá un costo más reducido para el abastecimiento de electricidad. 

Sería prudente gestionar, además, la adquisición de otras vacunas que en la actualidad vienen desarrollándose en el mundo con promisorias posibilidades de aprobarse y que no requieren de la alta inversión y compleja tecnología que demanda la vacuna de Pfizer (por no necesitar de cadenas de frío extremo). Pero esto hay que hacerlo pronto, dado que las vacunas son bienes escasos y la mayoría de los países del mundo compiten por conseguir lotes de las mismas; cada día que pasa, los estados que no cierran acuerdos con los laboratorios quedan más atrás, a la zaga, como últimos de la fila (tardarán más tiempo en recibir las vacunas y esto expone a mayor peligro a sus ciudadanos). 

Por último, dado que la mayoría de las vacunas que vienen desarrollándose demandarán la aplicación de múltiples dosis para surtir el efecto de inmunización esperado, se deberá contar con un registro o base de datos que permita tener claramente identificadas a las personas que recibieron cada dosis, y que contribuya a efectuar un seguimiento adecuado y oportuno para poder aplicarles las dosis complementarias que hagan eficaz la vacunación. La participación activa y coordinada del sector público (incluidas Fuerzas Armadas) y del sector privado será indispensable para que la campaña de inmunización optimice sus posibilidades de éxito.

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Daniel Schmerler Vainstein. Abogado especialista en derecho regulatorio y de la energía