Caso Ana Estrada: el derecho a morir dignamenteGaceta Constitucional & Procesal Constitucional presenta su revista N°157 edición de enero 2021 con el especial referido al “Caso de Ana Estrada y el derecho a morir dignamente». Entre los autores destacan, Luis Castillo Córdova, Percy Castillo Torres, Orlando Curaca Kong, Juan Carlos Hitters, Rosario de la Fuente Hontañón, entre otros(as).
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En la edición de enero de 2021 de “Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional”, se analiza la demanda de amparo a favor de Ana Estrada y los desafíos que atravesará el juez constitucional cuando emita su decisión. De esta manera, se abordan el principio/derecho de dignidad humana, el reconocimiento del derecho a morir en condiciones dignas, el delito de homicidio piadoso, entre otras cuestiones de especial relevancia. Asimismo, la edición del presente mes, aborda cuestiones como el derecho a la propiedad y el procedimiento de ejecución coactiva, el principio de congruencia en el ámbito laboral, la protección del medio ambiente a través de procesos como el hábeas data y la acción de cumplimiento, la prisión preventiva en la jurisprudencia de la Corte IDH, entre otros asuntos de gran importancia. Asimismo, se analizan temas de actual debate como la constitucionalidad de la derogatoria del régimen CAS. Entre los autores que destacan en la presente edición tenemos a Luis Castillo Córdova, Percy Castillo Torres, Orlando Curaca Kong, Juan Carlos Hitters, Rosario de la Fuente Hontañón, entre otros(as).
A propósito del informe oral llevado a cabo el 7 de enero ante el 11° Juzgado Constitucional Tributario de la Corte Superior de Justicia de Lima sobre la demanda de amparo presentada por la Defensoría del Pueblo a favor de Ana Estrada, diversos especialistas se pronuncian en torno a la relevancia constitucional del presente caso. Así, se abordan desde distintas perspectivas cuestiones relacionadas al derecho a morir dignamente, el principio de dignidad humana, el delito de homicidio piadoso, etc. Además, se reproduce la entrevista realizada a Percy Castillo Torres, Adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, quien se pronunció sobre los desafíos sustanciales y procesales que atravesará el caso de Ana Estrada en sede constitucional.
Se analiza el proceso disciplinario iniciado contra el juez Félix Ramírez, quien fue demandado por la presunta abdicación a su deber de impartir justicia. De tal modo, se advierte que las resoluciones que motivaron la imposición de la sanción vulneran el derecho al debido proceso en el extremo del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y enfatiza en el daño que puede producir la OCMA en perjuicio de la independencia judicial cuando ejerce su potestad sancionadora lesionando los derechos de los jueces procesados.
A propósito de la STC Exp. N° 00150-2014-PA/TC, se examina si la presunción establecida en el artículo 2012 del Código Civil alcanza al propietario al no haber sido partícipe del proceso de revisión del procedimiento de ejecución coactiva. Asimismo, se aborda la intervención en los derechos de propiedad, defensa y otros más que han sido dilucidados por el Tribunal Constitucional.
Se aborda la STC Exp. N° 04515-2017-PA/TC en relación a la obligación de los jueces de respetar el principio de congruencia en sede laboral, pues de lo contrario, se lesiona el derecho al debido proceso. Asimismo, se pronuncia sobre el beneficio social de la compensación por tiempo de servicios (CTS) en particular sobre los casos de compensación o retención por parte del empleador para garantizar deudas del trabajador y la necesidad de fundamentar la aplicación de alguno de estos supuestos al caso concreto.
Se analiza con profundidad la medida cautelar de prisión preventiva y detalla cuáles son las garantías que ofrece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos así como cuáles son los derechos y obligaciones que imponen los diversos derechos contemplados en la Convención Americana. Asimismo, se evalúan los principales fallos emitidos por la Corte IDH en materia de prisión preventiva.
La acción de amparo es la garantía constitucional que cualquier persona puede interponer ante la violación o amenaza de su derecho a un ambiente equilibrado y adecuado; sin embargo, existen otras garantías constitucionales que, de manera indirecta, pueden garantizar el goce de dicho derecho. De esta manera, el autor rescata principalmente la relevancia del proceso de cumplimiento y hábeas data en la protección del medio ambiente.
Se evalúa la autógrafa de ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, disponiendo el pase de servidores sujetos al Decreto Legislativo N°1057 a los Decretos Legislativos N°s 276 y 728, estableciendo un carácter indefinido del CAS y prohibiendo nuevas contrataciones bajo este régimen laboral. De esta manera, se pronuncia sobre la naturaleza jurídica del contrato administrativo de servicios, el principio de meritocracia y el gasto público.
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