La conciliación en el Perú está viviendo uno de sus momentos más difíciles. Actualmente, los centros de conciliación en 10 regiones (Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac, Lima Región, Lima Metropolitana y Callao) se encuentran cerrados, y con esto una parte esencial de la administración de justicia en el país está paralizada.

El domingo 31 de enero, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (DCMA), emitió una resolución que ordenaba suspender todas las audiencias de conciliación en las regiones calificadas en alerta extrema, esto pese a que las actividades jurídicas en estas zonas se encuentran permitidas.

Esta última decisión de la DCMA es solo un capítulo más de la dura crisis que viene pasando la conciliación extrajudicial en el país. Los problemas en este sistema, que se encontraba dando buenos frutos, iniciaron, aproximadamente, un año atrás, para ser exactos cuando el expresidente Martin Vizcarra anunció la primera cuarentena en el mes de marzo del 2020.

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Crónica de una crisis anunciada

Ante el anunció del confinamiento obligatorio producto de la pandemia de la COVID-19 en marzo del 2020, lo centros de conciliación, al igual que todas las actividades, dejaron de funcionar.

Las semanas pasaban y con ello la cuarentena se extendía cada vez más. Alrededor de 60 mil conciliadores distribuidos en más de 2 200 centros de conciliación en todo el país empezaban a preocuparse con la situación que se encontraban viviendo.

Con la apertura de la Fase 2 de actividades anunciadas por el Gobierno del entonces presidente Vizcarra, los centros de conciliación empezaron a abrir sus puertas, pero dadas las limitaciones de la Ley de Conciliación tuvieron que atender presencialmente, corriendo riesgo para la salud de los usuarios y de los mismos conciliadores. Todo esto pese a que instituciones como el Poder Judicial empezaban a desarrollar sus actividades virtualmente.

Al ser consultado por este medio, el presidente del Consejo Peruano de la Conciliación Extrajudicial, Carlos Castillo Rafael, indicó que, al inicio de la cuarentena hicieron llegar sus pedidos al Ministerio de Justicia con el fin de implantar la virtualidad en los procesos de conciliación mediante una resolución directoral de la DCMA. Como narra el abogado Castillo, sus pedidos no tuvieron respuesta favorable.

Por otro lado, en abril del 2020, un grupo de conciliadores organizados presentaron una propuesta de protocolo para implementar conciliación virtual y así poder retomar sus actividades. Pero sus intentos no tuvieron una respuesta positiva por parte de los funcionarios del Ministerio de Justicia, como bien indica a este medio el especialista en conciliación Martin Pinedo, quien fue una las personas que elaboró la propuesta.

Avanzado el estado de emergencia, los conciliadores tuvieron que adaptarse a los protocolos dictados por el Minsa para la reapertura de locales. Pese a los intentos de varios centros por volver a sus actividades esto no se logró, como bien nos indica a este medio la Dra. Roció Peñafiel, quien precisó que de los 2 151 Centros de Conciliación Privados que existen en el país, solo 634 volvieron a las actividades con normalidad, una cifra que equivale a menos del 30 %. La figura, indica la especialista, se repite de manera estrepitosa en los Centros de Conciliación Gratuitos que maneja el Estado, de los 90 que existen, solo 19 retomaron sus actividades, menos de un 22 %.

Ahora, si sumamos a todo esto la nueva suspensión dictada por la DCMA el último domingo, se ve muy probable que estás cifras vayan a aumentar.

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¿A qué responde el problema en el sistema?

La ley que regula la conciliación fue puesta en funcionamiento en el año 1997. Cuando se pensó en el modelo, esta tenía la finalidad de ser completamente presencial, guiada por el principio de informalidad. Como bien indica el Dr. Martín Pinedo, los legisladores del anterior siglo nunca previeron una emergencia sanitaria como la actual, así como el avance de la tecnología que hace de la virtualidad una necesidad.

El especialista indica también que el problema no es solo la falta de virtualización del proceso de conciliación, este es solo un síntoma de un mal peor: “la visión procesalista de la conciliación”.

Esta visión, continúa explicando el Dr. Pinedo, nace con las últimas reformas de la Ley de Conciliación y su reglamento, estás trataron de equiparar el proceso de conciliación a un proceso civil, alejándola de uno de sus principios fundamentales: el principio de informalidad. Esto último hace que los procesos de conciliación sean tediosos, largos y generen desincentivos a las partes a participar.

Pese a todo lo antes expuesto, lo cierto es que, si bien la virtualización no soluciona los problemas de fondo, si hará que muchos centros de conciliación puedan salir de la grave situación que vienen pasando.

¿Hay luz al final del túnel para los conciliadores?

Como se indicó antes, los conciliadores vienen reuniéndose y brindando alternativas de solución al Ministerio de Justicia. Algunos como el Dr. Carlos Castillo Rafael, en su condición de presidente del Consejo Peruano de la Conciliación Extrajudicial, participarán en la elaboración de iniciativas legislativas de reforma de la Ley de Conciliación. Lamentablemente, esta iniciativa se vio frustrada por la disolución del anterior Congreso.

El Dr. Martín Pinedo precisa que la mejor manera de salir de la delicada situación que se encuentra viviendo la conciliación es que la DCMA emita una resolución de carácter temporal que los faculte a desarrollar los procesos de manera virtual, tal cual hizo el PJ. No obstante, indica también que se tienen que empezar a debatir las reformas de fondo en la ley.

Por su parte, el Ministerio de Justicia, ocho meses después de iniciada la emergencia sanitaria, presentó un proyecto de ley de modificación de la Ley de Conciliación. En el proyecto, el Ministerio propone cambiar varios artículos de la Ley con el fin de posibilitar la virtualidad en el proceso.

Hace unos días, el 3 febrero, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso acumulo el proyecto del Ministerio de Justicia con otros dos más y presento un dictamen final que deberá ser debatido por el Pleno del Congreso.

El dictamen generó opiniones divididas entre los conciliadores, por ejemplo, el Dr. Castillo Rafael ve cosas positivas en el proyecto, pero también cuestiona el hecho de que no se hayan considerado los otros proyectos presentados en el anterior Congreso, así como la poca comunicación que hubo con los conciliadores a la hora de elaborar el dictamen.

La importancia de la conciliación en el contexto actual

“La actual emergencia sanitaria trajo consigo muchos problemas entre particulares que la conciliación podría solucionar”, indica la Dra. Roció Peñafiel. Resaltan los problemas de alquileres no pagados, padres que necesitan renegociar pensiones alimentarias, entre otros.

Por ello, es importante reactivar la conciliación en el país. Si bien existen prejuicios alrededor de la conciliación, este método resultó ser sumamente eficiente a la hora de solucionar conflictos, por ejemplo, el dictamen del Congreso se indica que entre el periodo 2017 – 2019 hubo con porcentajes de 54 % y 44 % de los procedimientos conciliatorios concluidos con acuerdo total o parcial en centros de conciliación gratuitos y privados.

La necesidad de una conciliación eficiente es un eje fundamental para tener una administración de justicia eficiente.