Luego de enfrentar en el país los efectos de la primera ola de la pandemia por el COVID-19, tras la reapertura de las actividades jurídicas, la conciliación no contaba con un mandato específico de la Dirección de Conciliación Extrajudicial –DCMA– del MINJUS, el cual después de 15 días se pronunció, cuando prácticamente todos los centros de conciliación ya estaban operando.

Los conciliadores estuvieron reclamando que no se había hecho nada por la conciliación virtual en todo el tiempo de la paralización forzada, siendo que desde hace más de 23 años los centros deben hacer solo audiencias presenciales y manejar todo el trámite administrativo en forma personal, sin la posibilidad, por ejemplo, de dejar una notificación en mesa de partes electrónica, lo cual obliga a notificar de forma presencial, con todos los riesgos que ello significa en las actuales circunstancias.

¿Qué paso con los centros de conciliación durante la cuarentena?

Durante este tiempo de incertidumbre, se emitió la R.D. 167-2021-JUS-DGDPAJ-DCMA, la cual ordenaba a los centros a no hacer audiencias de conciliación durante el periodo de la nueva cuarentena en las zonas de emergencia extrema.

Tras muchas discusiones habidas en torno a esta directiva, se produjeron sendos documentos en los cuales se daba cuenta que, en resumen, “no se había suspendido la actividad de los centros, sino únicamente la realización de audiencias de conciliación”, algo que todo el mundo le sonó como un “sigue trabajando en tu zapatería, pero no puedes vender zapatos”.

Ello no dejó satisfecho a nadie y, por el contrario, motivó a que muchos conciliadores y directores de centros de conciliación se agruparan para exigir la urgente derogatoria de tal RD, en base al legítimo derecho de toda persona de trabajar libremente, porque la conciliación extrajudicial es también un medio de sustento para muchos conciliadores, sus familias y las personas que laboran en un centro de conciliación.

En medio de tanto reclamo, finalmente – y esperamos que sea por una política que se intenta sembrar de manera sólida en este gobierno para que el que viene no haga borrón y olvido de la conciliación, como lo han hecho todos los anteriores en estos 23 años– se nombró una comisión de conciliadores privados, quienes conjuntamente con sus similares públicos, coadyuvarían a la DCMA y al MINJUS a producir el andamiaje legal que de sustento a un nuevo enfoque de la conciliación extrajudicial, la cual debe ser más acorde con los actuales tiempos, pero proyectada a un futuro que no debe ser muy lejano en el que se advierta una total renovación de las normas anacrónicas, obsoletas y sobre reglamentadas que hoy lastimosamente rigen el ámbito conciliatorio.

Pero, en tanto terminábamos de diseñar una agenda para las siguientes reuniones con la DCMA y el MINJUS, se expidió una nueva R.D., la 217-2021-JUS-DGDPAJ-DCMA, que prorrogaba la suspensión de las audiencias de conciliación y ampliaba a otras ciudades importantes, como Arequipa, Cuzco, Tacna, etc.

Pese a ello, se logró finalmente tener una reunión con el mismo Ministro de Justicia y la directora de la DCMA, entre otros importantes funcionarios, en la que se nos anunció y pidió difundir que no se renovaría la suspensión de las audiencias de conciliación el 1 de marzo, por lo que todos los centros de conciliación trabajarían de forma regular.

Lo que nunca se nos explicó ni menos pudimos entender es por qué tuvieron que suspenderse las audiencias de conciliación. Los centros han demostrado eficiencia en el control sanitario de quienes concurren a solicitar sus servicios (según las normas previstas por el Ministerio de Salud). Se debe considerar que la presencia de usuarios en los centros de conciliación es siempre poca y no alcanzan ni a la vigésima parte de los que concurren diariamente a las notarías o al Poder Judicial, los cuales nunca dejaron de operar tras la salida de la primera ola ¿Puede ser porque el sistema no se ha virtualizado? Probable, pero esa no es responsabilidad de los centros sino únicamente de la DCMA y castigar a los conciliadores por la falta de eficiencia de la autoridad administrativa remeda a un boceto pintado con el color de la injusticia y desfachatez.

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¿Se pensó al dictar las normas sobre la suspensión de las audiencias de conciliación en los primeros y principales afectados con este cierre?

Pues, aunque de lo antes dicho se infiriera otra cosa, los principales y directos perjudicados fueron los usuarios, quienes, sin tener ninguna responsabilidad, se vieron atropellados por tan apresuradas decisiones.

No fue un daño colateral sino uno infligido de manera directa en su contra y hasta casi alevosa, pues, aunque pareciera no ser cierto, la población en general ya ha asumido a la conciliación como una forma barata, rápida y efectiva de resolver sus problemas sin tener que acudir al Poder Judicial.

Aunque no existen estadísticas del porcentaje de problemas familiares que se solucionan vía la conciliación extrajudicial, es evidente que es mucho más de lo que se define hoy en las cortes de justicia.

¿Se pensó también en lo que ocasionaría el aletargar bajo la droga del ostracismo a la conciliación y las implicancias que tendría ello en ese acceso a la justicia que reclaman legítimamente los ciudadanos? Porque recordemos que, bajo el actual panorama procesal, casi todos los juicios civiles requieren un pie de partida cual es el acta de conciliación, sin la cual no hay legitimidad para obrar ante los tribunales. ¿Se midió esas consecuencias, antes de ordenar el cierre?

Por otro lado, ¿se pensó en los abogados, los otros directamente afectados, que justamente precisaban de esas actas de conciliación para accionar en la vía judicial y sin la cual también se vieron impedidos de trabajar, más aún tras el largo periodo de la primera ola de la que todavía muchos no se habían logrado reponer, para verse de nuevo envueltos en otra forzada paralización que ya sabía a chicharrón de cebo, estrechando más aun sus ya menguados presupuestos familiares?

Debemos recordar que los miembros de la orden suman a nivel nacional más de 100 mil y que la gran mayoría se dedica exclusivamente al litigio como único medio de subsistencia y el de sus familias. ¿Alguien evaluó ese no pequeño e importante detalle?

Finalmente, ¿qué pasó con la discusión por las normas que deberían permitir la conciliación virtual que fácilmente ha sido implementada en otros países en este periodo de pandemia? Nos ronda el temor que estas 4 semanas de incertidumbre (de discusiones de oídos sordos, de mensajes desafiantes, de calificativos de todo calibre de los operadores con las autoridades y entre ellos mismos) haya desgastado tanto a los conciliadores que les queden pocas energías (y ganas) para volver a alzar la voz por la conciliación virtual tan exigida al salir de la primera ola y espero que no tan olvidada al salir de la segunda. Sería lamentable.

Por primera vez en toda la historia de la conciliación extrajudicial en el Perú, hemos sido testigos de la voz alzada de los conciliadores y los operadores del sistema conciliatorio, como nunca antes ocurrió, por más que esta haya sido desordenada o sin grandes liderazgos visibles, pero es un gran comienzo.

Por primera vez la autoridad administrativa admite y reconoce la necesidad de la participación de los conciliadores en la toma de algunas decisiones. Porque, si en los plenos jurisdiccionales del Poder Judicial se solicita la opinión de abogados privados a fin de nutrirse con su experticia obtenida en la arena, ¿por qué la DCMA no puede convocar a los conciliadores para el mismo fin?

Por primera vez y en mucho tiempo el Ministro de Justicia abre las puertas de su despacho (aunque sea de modo virtual) para oír a los operadores.

Por primera vez se advierte por parte de los conciliadores la urgente necesidad de un gremio y de una organización representativa. Y así, varios “por primera vez”.

Pero sería fútil tanto esfuerzo, tantas energías invertidas, tantas llamadas telefónicas y mensajes enviados, tantos documentos producidos, para que todo termine en nada. Sería muy triste que, tras todo esto, volvamos a la misma conciliación de antes de la segunda y primera olas, de antes del inicio de la pandemia, de antes de que la vida se nos trastocara de manera irremediable, pero también de antes del fin de año de 1997, en que se dio la ley de conciliación extrajudicial y que hasta hoy ha cambiado en casi nada.

Algo muy grande debe cambiar y mejorar en el ámbito conciliatorio. Comencemos implantando la conciliación virtual.  Ya es hora. Ya es cuando. Ya no hay pretextos para seguir preguntando por el cómo.