Una demanda interpuesta por 18 estados republicanos de EE.UU. buscaba que se declare inconstitucional la Ley de Cuidado de Salud Asequible -Obamacare-, promulgada en marzo del 2010.

La ley cuestionada tiene por objeto garantizar la accesibilidad del seguro médico de manera universal, por tal motivo ofrece subsidios («créditos fiscales») que reducen los costos para los hogares con ingresos entre 100% y 400% del nivel federal de pobreza (FPL).

Asimismo, la ley busca expandir el programa de Medicaid para cubrir a todos los adultos con ingresos por debajo del 138% del nivel federal de pobreza; así como apoyar métodos innovadores de prestación de atención médica destinados a reducir los costos del cuidado médico en general.

Las demandas en contra de la ley se relacionan, principalmente, con el llamado «mandato individual» que obliga a todos los ciudadanos a contratar un seguro médico.

Por su parte, la Corte de EE.UU. sostuvo que los demandantes no demostraron una lesión concreta y particularizada que se pueda atribuir a la conducta de los acusados, al hacer cumplir la disposición legal específica que atacan como inconstitucional.

Del mismo modo, la Corte señala, respecto a la polémica que la ley obligaría a todos los ciudadanos a adquirir un seguro médico, que el Congreso redujo a cero la sanción por no comprar un seguro médico.

Es importante destacar que la reciente resolución constituye la tercera vez que la Corte Suprema de EE.UU. se pronuncia respecto a un cuestionamiento del Obamacare, y que la decisión se enmarca en un contexto particular dadas las implicancias generadas a partir de la COVID-19, las muertes catastróficas y las cargas actuales que enfrenta la industria de la atención médica.

La primera vez que se cuestionó la ley fue en el 2012. En esa ocasión, el juez Roberts emitió el voto clave, en una decisión de 5 contra 4, bajo la premisa principal de que el mandato de cobertura individual de la ley era válido bajo el poder impositivo del Congreso.

En el 2017, el Congreso liderado por los republicanos redujo a cero la multa fiscal para quienes carecían de seguro como parte de la reforma fiscal de fin de año.

Este último fallo de la Corte se definió con una votación de 7 a 2, a través de la cual el Tribunal desestimó el cuestionamiento presentado por los estados republicanos y respaldado por la administración Trump.

Cabe resaltar la opinión del juez Stephen G. Breyer, sobre que ni los Estados ni los demandantes individuales tenían capacidad legal para impugnar la ley, sobrevivió a la referida impugnación del 2012 y la que se presentó posteriormente en el 2015.