Se aprobó Decreto Supremo N° 012-2021-JUS que oficializa la “Propuesta de Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia”, que tendrá como finalidad lograr una reforma sostenida para los próximos cinco años.

El Ministro de Justicia destacó que dicha política constituye un hito histórico, el cual contempla, a través de nueve objetivos y 215 acciones, las medidas necesarias para modernizas la justicia en nuestro país, impulsar su celeridad, eficiencia y transparencia.

El encargado de monitorear la implementación de la Política, verificar su cumplimiento y hacer seguimiento de los avances será el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.

¿Cuáles son los principales objetivos?

La Política contempla nueve objetivos claves para la mejora del sistema de justicia en estos cinco años. 

El primer objetivo es promover la interoperabilidad entre las instituciones del sistema de justicia y el uso de herramientas digitales, con énfasis en la implementación del Expediente Judicial Electrónico y la Carpeta Fiscal Electrónica.

Asimismo, como segundo objetivo se adoptará medidas para el acceso de los grupos más vulnerables al servicio de justicia, a través de la atención de sus necesidades más urgentes.

Por otro lado, se contempla medidas para modernizar los procesos judiciales, incidiendo en la atención de la elevada carga procesal y en acciones que promuevan la celeridad de los procesos judiciales.

De igual modo, fortalecer la labor de investigación y sanción del delito, incidiendo en el rol de la Policía y del Ministerio Público. Así como establecer acciones para mejorar los servicios penitenciarios y de atención a los adolescentes infractores, consiste en el cuarto objetivo contemplado en la reforma.

El quinto objetivo busca fortalecer capacidades de los servidores del sistema de justicia promover la titularidad de jueces y fiscales, fortalecer la Junta Nacional de Justicia, así como redimensionar la labor de la Academia de la Magistratura para mejorar la formación de jueces y fiscales.

Caber resaltar que se aborda el rol de los abogados, en el cual se proponen medidas respecto a su formación y responsabilidad profesional. Por otro lado, se contempla acciones para fortalecer las políticas anticorrupción, a través de la implementación de autoridades de control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público.

Asimismo, se tiene como objetivo principal el combate de la violencia contra la mujer, previendo medidas para fortalecer el sistema.

Por último, se prevé la adecuación de la normativa vigente, mediante la actualización de normas como la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Ministerio Público, el Código Procesal Civil, la Ley General de Sociedades, entre otras.

Accede al decreto AQUÍ.