Luis Huerta, procurador público, en representación del Poder Ejecutivo, interpuso ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 31288, Ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y establece medidas para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.

En la demanda del Ejecutivo se alega que la norma contraviene diversas disposiciones de la Constitución, como los numerales 3 y 14 del artículo 139, que reconocen el principio del debido proceso y el derecho de defensa; el literal d) del numeral 24 del artículo 2, que reconoce el principio de legalidad, el cual comprende el principio de tipicidad; los artículos 3, 43 y 200, último párrafo, que reconocen el principio de proporcionalidad como consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho; y el artículo 79º, que prohíbe a los congresistas crear o aumentar gasto público.

Como se recuerda, esta ley dispuso modificar los artículos 11, 45, 46, 47, 48, 51, 56, 57, 58, 59 y una definición básica de la novena disposición final de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría.

Todo ello con la finalidad de tipificar conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y establecer medidas para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría. Asimismo, la ley promulgada también establece las funciones del Tribunal Supervisor de Responsabilidades Administrativas, quien constituye la última instancia administrativa en el procedimiento sancionador.

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Esta ley fue observada por el Poder Ejecutivo en su oportunidad; sin embargo, el Congreso de la República decidió aprobarla por insistencia para posteriormente ser promulgada el 20 de julio de 2021 en el diario oficial El Peruano.

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