Preliminares

Se viene sosteniendo la idea de que el internet debe dejar de ser un servicio para ser considerado como un derecho humano o fundamental en la Constitución. Se argumenta que hoy ha dejado de ser el “lujo o privilegio” de unos cuantos y más bien es indispensable para el desarrollo de todo ser humano. Y se dice que, así como no podemos vivir sin agua, tampoco podemos existir sin el internet. Pues bien, ensayaremos a continuación algunas ideas sobre si acaso realmente existe un derecho humano o fundamental al internet.

Sobre el internet

En efecto, el internet se ha convertido en una herramienta de primera mano, más aún en el actual contexto de la pandemia, en el que las relaciones humanas mayoritariamente se han virtualizado. La educación básica y universitaria se imparte virtualmente por medio de plataformas como zoom, las transferencias de dinero se realizan por medio de aplicativos que se descargan en el celular, los proveedores ofertan sus productos y servicios y toman nota de los pedidos por medio de las redes sociales, los artistas incluso realizan sus shows por medio de las mismas plataformas.

El internet ha crecido porque somos todos que estamos interactuando. En realidad, se trata de un proceso social que ha emergido espontáneamente, sin ninguna planificación central. Así como el lenguaje surgió por la necesidad de comunicarnos, el derecho por la necesidad de regular nuestras relaciones jurídicas, y el dinero por la necesidad de medir el valor de nuestros intercambios, el internet ha surgido por la necesidad de relacionarnos virtualmente.

La cantidad de información que viaja por el internet no la produce un comité central de planificación, sino es que el resultado de las interacciones de miles y millones de personas, cada una de las cuales persigue sus particulares fines. El internet, en sí, no tiene un propósito, pues somos todos que estamos interactuando, cada quien siguiendo su camino. Por ello, es un medio, más que un fin en sí mismo, dado que los propósitos son individuales.

Derechos y necesidades

El internet, entonces, se ha convertido en una necesidad, pues es necesario para la consecución de nuestros objetivos personales. Es un medio y una herramienta que usamos para los fines que perseguimos individualmente. Y la lógica de las interacciones humanas es la de que, ante toda necesidad insatisfecha en la sociedad, surge una oferta como respuesta. En ese sentido, el rol del emprendedor consiste en descubrir en el mercado –entendido como un proceso- una oportunidad de hacer negocios, precisamente en atender a aquellas necesidades. Y ese emprendedor ajusta los costos de su proceso productivo a lo que las personas están dispuestas a pagar por el internet. De esas miles y millones de interrelaciones se forman los precios. No los fija nadie en particular, ni el gobierno.

Ahora bien, todo derecho implica una obligación. Y en principio, nadie puede quedar obligado a dar, hacer o dejar de hacer algo si es que no ha dado su consentimiento. Es así como surge la relación obligacional, es decir, aquella que se presenta entre el acreedor (el titular del derecho, quien se encuentra en una situación jurídica de ventaja de poder exigir algo) y el deudor (el obligado a dar, hacer o dejar de hacer algo, quien se encuentra en una situación jurídica de desventaja a quien precisamente se le puede exigir algo). Por ello, cuando se dice que el internet es un derecho humano, entonces nos preguntamos ¿a quién le podemos exigir que satisfaga ese derecho? ¿quién ha dado su consentimiento en obligarse a satisfacer universalmente el así llamado derecho humano al internet?

Así como tenemos necesidad del internet por ser una valiosa herramienta que como medio nos sirve para nuestros fines particulares, así también cada uno de nosotros tiene otras necesidades, pero no por eso las consideramos como derechos humanos o fundamentales. Por ello, la Constitución no es el refugio de las listas de nuestras demandas individuales. Si fuera así, todos querrán hacer de la misma un instrumento para otorgarse lo que en realidad no son derechos, sino privilegios a costa de lo que contribuyen los demás por concepto de tributos.

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Se eliminan los incentivos

Se entiende de la propuesta de hacer del internet un derecho humano o fundamental, que el obligado en satisfacerlo sería el Estado. Es decir, todos, pues el presupuesto público proviene de los tributos que pagamos los contribuyentes. Pero al proveerlo gratuitamente el Estado, se eliminarían los incentivos para que los privados lo brinden por medio de las reglas del mercado, pues nadie querrá invertir en un rubro en el que se tenga que competir con la gratuidad dada por el Estado. No sería rentable.

Por el contrario, la evolución del mercado del internet es uno en los que mejor se pueden apreciar las bondades de las reglas de la oferta y la demanda, pues hace unos veinte años, ante la creciente demanda de internet, progresivamente aparecieron las cabinas privadas, y poco a poco el precio de una hora se fue reduciendo. Se incorporaron más operadores, y hoy la gran mayoría de hogares cuenta con internet en casa bajo planes competitivos, pues los operadores, en el afán de ganar más usuarios, mejoran la calidad y reducen sus precios.

A manera de conclusión

El internet, que el mercado logró universalizar por medio de las reglas de la oferta y la demanda, el Estado puede terminar por extinguirlo. Todas las ideas basadas en la colectivización, que suponen como derechos lo que en el fondo son bienes, son nefastas y sólo consiguen la igualdad en escasez. Y hay que tener en cuenta algo muy delicado: dejar en manos del gobierno algo tan importante como la información y las interacciones de las miles y millones de personas que fluyen por el internet, puede terminar socavando nuestros derechos y libertades individuales. La sociedad no debiera dejarse arrebatar por el Estado algo que por sí misma ha construido, como es el internet, bajo la fachada o cortina de que es un derecho, cuando no lo es, por lo expuesto.

Raúl Bravo Sender. Abogado por la UNICA. Magíster en Derecho Civil y Comercial por la UNMSM. Especialización en arbitraje por la PUCP. Docente universitario en la USMP, UPSJB y UTP. Abogado en Bravo Sender Abogados.