La cuestión de confianza ha protagonizado las últimas crisis políticas desde antes de la pandemia. Desde la disolución del Congreso por parte del expresidente Martín Vizcarra hasta la actual incertidumbre por el conflicto entre la oposición y le oficialismo.

Como recordamos, el actual presidente convocó a una sesión extraordinaria del Congreso para el día de mañana, 26 de agosto, en donde su premier tendrá que consultar si la política propuesta por el Gabinete cuenta con la confianza del parlamento.

Ante la conocida oposición del Congreso por la designación de ciertos ministros, debido a sus investigaciones por vínculos con el terrorismo y delitos de corrupción, resulta de suma importancia el voto de confianza que puede darle el Parlamento para la estabilización de la política nacional. Por ello, cabe preguntarnos cómo funciona este mecanismo constitucional y cuál es su particular relevancia en el balance del poder entre el Ejecutivo y el Legislativo.

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¿Qué regula la constitución?

El artículo 130 de la Constitución exige al presidente del Consejo de Ministros plantear una “cuestión de confianza obligatoria” dentro de los 30 días de haber asumido funciones. Así, el premier se encuentra obligado a exponer y debatir la política general del gobierno, así como las principales medidas que requiere su gestión.

Entonces, se trata de un mecanismo constitucional por el cual el Poder Ejecutivo puede consultar al Congreso de la República sobre el tema que estime conveniente. Es decir, si aún cuenta con su confianza para seguir gobernando.

Luego de planteada, el Congreso debe debatir y votar por su aprobación o denegatoria. Para que sea aceptada basta con el voto a favor de la mitad más uno del número legal de congresistas, es decir 66 votos.

Por otro lado, si el Gabinete no logra obtener la confianza se genera una crisis ministerial, por lo que el Gabinete entero debe renunciar.

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Un posible déjà vu

En septiembre del 2019, el expresidente Martín Vizcarra utilizó este mecanismo para presentar proyectos de reformas entre las cuales se encontraban el proyecto para la elección de magistrado del Tribunal Constitucional.

Como es sabido, se interpretó un denegatoria fáctica de la cuestión de confianza que causó el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones parlamentarias.

Esto se debió a que, en el artículo 134 de la Constitución Política, se establece la posibilidad de que el presidente de la República puede disolver el Parlamento si este censura o rechaza la confianza a dos Gabinetes.

Así, si el Congreso deniega una nueva cuestión de confianza, el presidente Pedro Castillo podría disolver el Legislativo.

Por último, el decreto del cierre de Congreso deberá incluir una convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los 4 meses siguientes.