“Ta-ta ta-ta, ya-ya-ya-ya, echemos abajo la Consti del 93”, ese es el mantra que repiten algunos partidarios y aliados del presidente Pedro Castillo. Pero, realmente ¿Qué tan viable es adentrarnos a una propuesta como esa?

A pesar de ser una propuesta con acogida en un sector de la población, el partido de Perú Libre y sus aliados no ha concretizado cuáles son los cambios que se quieren realizar y que justifiquen una nueva Constitución. Lo que se ha mencionado son puras paparruchadas como, por ejemplo, incorporar el derecho a la educación o a la salud a pesar de que estos ya se encuentran incorporados en la Carta Magna y desarrollados en una serie de artículos.

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Aun así, suponiendo que tengan en claro lo que quieren cambiar, la propuesta de asamblea constituyente resulta inconstitucional porque esta no está prevista en la regulación de la C93. Lo que prevé la norma constitucional es la reforma total o parcial de la Constitución a través del artículo 206 de la misma. Este artículo establece que para cualquier reforma se requiere previamente la aprobación del Congreso de la República porque, en todo caso, son los congresistas quienes deben aprobar el referéndum de reforma constitucional. La recolección de firmas que viene haciendo el partido Perú Libre solo servirá para que la propuesta pase a ser evaluada al Congreso. Cualquier paso, promovido por el presidente, fuera de lo establecido en la Constitución, legitimaría un proceso de vacancia de forma inmediata.

Así se respete lo establecido en el artículo 206 de la Constitución, debemos tomar en cuenta que no todo puede cambiarse a través de una reforma total o parcial de la C93. El Tribunal Constitucional ha mencionado en su jurisprudencia que existen normas constitucionales que funcionan como límites materiales de la reforma constitucional, como es el caso de la política tributaria, los derechos fundamentales, los tratados internacionales o el modelo económico. Es decir, que aun así el gobierno pretenda hacer una reforma total de la C93, su propuesta debe cumplir con respetar esos límites materiales que se encuentran protegidos no solo en la Constitución sino también en el derecho internacional y la misma jurisprudencia. En ese sentido habría que preguntarse si es necesario demoler todo el edificio constitucional para enfrascarnos en una discusión que posiblemente nos lleve a nada.

Pretender solucionar los problemas del Perú a través de una asamblea constituyente es, cuando menos, ingenuo. El Perú lleva en su historia 12 constituciones. A pesar de ello no hemos podido alcanzar el desarrollo. Pensar así es, además, de una vanidad terrible. De pronto los constituyentes de Perú Libre serán capaces de hacerlo mejor que San Martín, Bolívar, Ramón Castilla, Haya de la Torre o el mismo Congreso Constituyente Democrático. Peor aún si tenemos en cuenta que el partido del gobierno pasó a la segunda vuelta con menos del 19% de votantes a nivel nacional. Los problemas del Perú no se encuentran en el ámbito constitucional, sino los hubiéramos superado y con creces. Estos se encuentran en la ejecución de esta. Es decir, en los gobiernos y cómo estos encausan o no el país hacia el desarrollo.

Otro de los cuestionamientos es el origen de la C93, lo cual es un argumento completamente carente de sentido. Imaginemos que, de pronto, un gran sector francés decide demoler la constitución francesa de 1958 porque consideran que Charles de Gaulle se comportó como un patán en el mayo del 68. O que, de pronto, los estadounidenses decidan demoler su constitución porque un sector de la población encuentra intolerable que Thomas Jefferson, George Washington o Benjamín Franklin se hayan beneficiado de la esclavitud. O lo mismo los italianos con su constitución porque fue convocada por el rey Humberto II, impopular en su tiempo. Ningún país respetable cambia su constitución por simpatías. No debemos olvidar que fueron los peruanos quienes aprobaron la C93 mediante un referéndum con observación internacional, que durante el gobierno de Alejandro Toledo se retiró la firma de Fujimori de esta, y que esta ha tenido un desarrollo constitucional muy significativo a comparación de anteriores cartas magnas.

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Las democracias no se construyen de la noche a la mañana, arman su edificio piso por piso. Saben entender que las demoliciones totales, las praderas quemadas, las refundaciones, solo generan atraso y pobreza. Es cierto que el Perú requiere cambios, pero estos deben darse dentro del mismo marco constitucional que mantenga la seguridad jurídica. Más aún si tenemos en la región ejemplos fracasados como los de Venezuela, Bolivia, o ejercicios como el de Chile, aún con resultado incierto. Los países más desarrollados son aquellos que han gozado de mayor estabilidad. Demoler, demoler… (como dice la canción) solo nos llevará a lo que dijo el profesor Diaz Infante: revoluciones que son “días de fuego, años de humo”.

Paul Montjoy Forti. Asociado de García Sayán Abogados