En esta oportunidad, Gestión Pública & Control tiene el honor de entrevistar al Dr. Ramón Huapaya con el objetivo de conocer la situación actual y futura, además de los desafíos y riesgos que enfrentan las contrataciones públicas, en vista del estado álgido en que se encuentra nuestro país a raíz de la pandemia, que ha evidenciado largamente la incapacidad del Estado de administrar un eficiente sistema de compras públicas para atender las necesidades esenciales de la población.

ENTREVISTA POR JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR Y ARMANDO SAN ROMÁN ALVA

1. Juan F. Jiménez Mayor y Armando San Román Alva (JYA): Un aspecto recomendado por la OCDE es la superación de riesgos en las diferentes fases de las contrataciones, aún más en las actuales circunstancias que atraviesa nuestro país, en las que las contrataciones públicas constituyen el principal medio de ejecución del presupuesto público. En dicho contexto, ¿contamos con un adecuado enfoque de gestión de riesgos? ¿Cómo mejorarlo teniendo en cuenta la deficiente estructura del Estado para atender las necesidades básicas de la población?

Ramón Huapaya: Considero que no contamos con un adecuado enfoque de gestión de riesgos y eso se debe a la deficiente implementación de la legislación de control interno y de un verdadero sistema de compliance o cumplimiento público al interior de cada entidad pública. Hace poco en la I Convención Nacional de Control Gubernamental, evento organizado por la Asociación Peruana de Derecho Administrativo, conversábamos al respecto y se señalaba que la propia Contraloría, que había propiciado la emisión de una Ley de Control Interno, había dejado de lado el impulso de la implementación de la cadena de valor y aplicación de dicha norma, y por el contrario, se había centrado en la idea de control concurrente a fin de obtener más financiamiento y dinero para crecer en personal y presencia. En realidad, la alternativa frente al control concurrente es que cada entidad desarrolle, al más alto nivel, un sistema de control de gestión de riesgos y de cumplimiento normativo con un oficial de cumplimiento en la alta dirección que se encargue de realizar el enforcement interno para que desde “arriba hacia abajo” se priorice el cumplimiento de la normativa interna y externa de gestión de riesgos y cumplimiento de la normativa de contrataciones, de integridad y anticorrupción. Sin un compromiso permanente de las altas direcciones poco o nada se puede hacer. Pero el primer paso es encontrar compromiso de las altas autoridades públicas en la gestión de riesgos y en el cumplimiento normativo, hay que pensar en que la promoción del cumplimiento normativo es el primer paso importante para cambiar estructuralmente la percepción de ineficiencia o corrupción que se tiene de las entidades públicas. Pero eso requiere compromiso de las altas direcciones, y constante y permanente trabajo en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. No se necesita una “ley de compliance público”, se necesita implementar un sistema de control interno de calidad dentro de cada entidad pública y con un compromiso permanente de los órganos de alta dirección en la implementación de dicho sistema de control interno para mitigar y controlar los riesgos en la contratación pública.

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2. Juan F. Jiménez Mayor y Armando San Román Alva (JYA): La gestión de riesgos permite evaluar decisiones y verificar la pertinencia de medidas que se buscan tomar o evaluar ante situaciones que pueden presentarse si no se toman acciones; el riesgo puede ser por hacer algo o frente a la inacción. Si bien la CGR durante la ejecución a través del control concurrente en cierta medida la aplica, ¿cree que es viable implementar una política de gestión de riesgos en la legislación de contrataciones más allá de los contratos de obra? ¿Por qué aún no se ha implementado en las demás modalidades en especial bienes y servicios? 

Ramón Huapaya: Encadeno esta respuesta con la respuesta a la pregunta anterior: creo que es perfectamente viable aplicar una política de gestión de riesgos en todo el sistema de contratación pública, incluyendo obras, bienes, servicios, y los distintos regímenes especiales de contratación pública. Sin embargo, dicha implementación debe y tiene que hacerse desde un sistema de cumplimiento normativo de cada entidad mediante la implementación completa de un sistema de control interno adecuado, con el compromiso institucional de la alta dirección de cada entidad pública y a través de un oficial de cumplimiento público en cada entidad que se encargue de realizar un monitoreo permanente para prevenir cualquier irregularidad. Algo similar a lo que sucede en los bancos o en las entidades que manejan compliance en el sector privado, donde la primera línea de defensa frente a la corrupción son los oficiales de cumplimiento. En tal sentido, es necesario, primero, que la entidad cuente con un sistema robusto de control interno y que tenga el suficiente nivel de enforcement para prevenir los riesgos que impidan la corrupción. Solo así se podrá crear un ambiente de control adecuado para que el control externo solo se aboque a los temas importantes y realmente relevantes para un adecuado manejo de los fondos públicos.

RAMÓN A. HUAPAYA TAPIA. Profesor ordinario de Derecho Administrativo en la PUCP. Miembro del Grupo de Investigación de Derecho Administrativo (GIDA) de la PUCP. Socio a cargo del área de Derecho Administrativo y Contratación Pública de CMS Grau.

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