A más de 4 años del fallecimiento de Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán en el incendio de Las Malvinas, la informalidad sigue siendo el problema N° 1 del mercado laboral peruano, habiendo escalado hasta el 78% para el 2021.

Ese trágico y desgarrador episodio en el que dos jóvenes pedían ayudar sacando el brazo a través de una rendija al encontrarse encerrados mientras las llamas consumían la galería Nicolini puso en evidencia – una vez más- que existen grados de incumplimiento de la normativa peruana, generando – a su vez- grados de afectación de los derechos laborales. Así, tenemos ciudadanos con derechos laborales reconocidos y ciudadanos privados totalmente de estos (sector informal[1]).

SUNAFIL en su calidad de ente fiscalizador del cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo se dedica a proteger al primer grupo de ciudadanos. Para ello, ha aumentado año a año el número de inspecciones – tanto por denuncia como por operativo-, a través de la contratación de más inspectores, de los envíos masivos de cartas circulares, de la agilización de sus procedimientos inspectivos y sancionadores con la implementación de la casilla electrónica, entre otras medidas.

Según cifras brindadas por dicha entidad, durante el 2020 se realizaron 76,088 inspecciones, evidenciándose un crecimiento del 36% respecto del año anterior[2]; ello a pesar de haberse suspendido los plazos de inicio y tramitación de los procedimientos inspectivos y sancionadores por más de tres meses. Sin embargo, dejando de lado los efectos negativos de la pandemia sobre la informalidad (que ahora bordea el 80%), tenemos que, desde que entró en funcionamiento SUNAFIL en el 2014 hasta el 2019 la informalidad laboral solo se redujo en un 0.8%, pasando de 72.8% a 72%[3]. Evidentemente la estrategia de formalización que viene siguiendo SUNAFIL no está dando frutos, manteniéndose la desigualdad en los niveles de protección de los derechos laborales en nuestro país.

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Podrá decirse que los operativos de formalización laboral que se siguen para verificar si existen “trabajadores en negro” sin derechos laborales de ningún tipo, son muestra de una fiscalización universal, que busca asegurar el cumplimiento de las normas laborales a todo nivel. Sin embargo, la falacia reside en que estos operativos se realizan – fundamentalmente- en empresas del sector formal, pues son estas las empresas más visibles, lo que no permite llegar al segundo grupo de ciudadanos, aquellos que se encuentran totalmente privados del reconocimiento de sus derechos laborales. No solo porque están contratados “en negro”, sino porque ni siquiera tienen un empleador formal a quien apuntar para exigir el cumplimiento de sus obligaciones.

Lamentablemente, según cifras del 2012 obtenidas del INEI, dentro de este segundo grupo se encuentra el 44.1% de la PEA, es decir, casi el 50% de los trabajadores peruanos están prácticamente fuera del radar de SUNAFIL, pues sus empleadores no se encuentran ni siquiera registrados en SUNAT, lo que hace irrisoria la efectividad de los operativos de formalización.

En una reciente publicación preparada con motivo de las elecciones presidenciales 2021, Pablo Lavado y Gustavo Yamada analizan las políticas de formalización laboral adoptadas en América Latina y el Caribe, encontrando que estas básicamente se deben orientar a (i) simplificar la regulación, (ii) fomentar la transición a la formalidad a través de flexibilidad y protección social, (iii) capacitar a la PEA para lograr inserción laboral de calidad y (iv) volver eficiente la fiscalización laboral.

Respecto a la fiscalización laboral, Lavado y Yamada (2021) son conscientes de que “el marco regulatorio vigente para el mercado laboral juega un rol importante, pues en la medida en que el marco regulatorio sea más complejo (i.e. incluya un mayor número de normas), el cumplimiento será menor (Ronconi, 2019)”[4]. En esta línea, los autores advierten que, en tanto la fiscalización laboral se concentre en el sector formal, los empleadores del sector informal no tendrán ningún interés en formalizarse, pues ello los expone a la fiscalización y al cumplimiento de una maraña normativa que no pueden cumplir:

“La fiscalización laboral conducida por SUNAFIL se concentra en el sector formal y en las empresas grandes y visibles, lo que implica menores costos de fiscalización para la autoridad laboral, pero genera altos costos esperados de fiscalización para las empresas formales en comparación con las informales. Por ello, es importante avanzar hacia un enfoque proactivo de la inspección, fiscalizando los sectores y empresas que tengan mayor probabilidad de ser formales y mantenerse operando en el sector formal. Asimismo, el enfoque punitivo debe cambiar por uno donde SUNAFIL brinde acompañamiento a las empresas para que, luego de identificar el incumplimiento de las normas, se brinde orientación para subsanar las falencias detectadas (OIT, 2017)”[5].

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Es, por tanto, menester de nuestras autoridades, acercar la lupa de SUNAFIL al sector informal que viene operando con impunidad, facilitándoles a su vez el cumplimiento de las normas laborales mediante su simplificación y flexibilización, a fin de atraerlos a la formalidad y no alejarlos más. De lo contrario, seguiremos perpetuando la desigualdad entre los trabajadores con derechos y aquellos que son invisibles, a pesar de ser casi la mitad.

Si SUNAFIL se esmerara más en detectar a esos abusadores que encierran a su personal para que no se roben la mercancía, que en reabrir procedimientos sancionadores caducos sin la mínima evaluación o en continuar con inspecciones sobre materias que ya están siendo judicializadas, quizás podríamos reducir ese nivel espantoso de informalidad que tenemos.

El verdadero logro de la política laboral que adoptemos en el país debe ser eliminar las condiciones de trabajo precarias y brindar protección social universal, asegurándoles a todos los trabajadores el acceso a servicios de salud y previsionales de calidad. Mientras no tengamos claro esto seguiremos desnudando a un santo para vestir a otro.

Sandra La Rosa Chávez. Abogada por la Pontifica Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en Gestión de Recursos Humanos por CENTRUM. Asociada del estudio Damma Legal Advisors