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Prevención en la gestión de conflictos a los cien días de gobierno

Prevención en la gestión de conflictos a los cien días de gobierno

Javier Caravedo: “Un manejo de la conflictividad meramente desde el plano simbólico y político, sin un claro manejo y articulación con la gestión pública y la gestión de conflictos de manera profesional y técnica, en un contexto de pandemia y necesidades y brechas sociales estructurales, tiene como consecuencia la frustración y agudización del malestar y el escalamiento consecuente y simultáneo de conflictos en distintos escenarios del país”.

Por Javier Caravedo Chocano

viernes 12 de noviembre 2021

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Contexto

La actual Premier Mirtha Vásquez, como sabemos, llegó a asumir el cargo luego de cerca de 100 días de gobierno en los que el gabinete Bellido se volvió políticamente insostenible. Y en relación con la gestión gubernamental de la conflictividad, declaró que implementaría un enfoque de prevención de conflictos.

Han sido unas semanas sumamente complejas y duras para la nueva Premier, lidiando en simultáneo con las dificultades en el plano político al interior del propio gobierno, que tuvo como desenlace la salida del ex Ministro del Interior Barranzuela; y, en el Congreso de la República, con el voto de confianza. A ello se le sumó los conflictos sociales alrededor de actividades mineras que alcanzaron niveles de crisis y un gran impacto mediático, especialmente en los casos de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso, provincia de Grau (Apurímac), en relación con el proyecto minero Las Bambas, llegándose a bloquear el llamado Corredor Vial Sur; en la provincia de Lucanas, en relación con la unidad minera Apumayo, cuyo campamento fue incendiado en el marco del paro de las tres provincia del sur de Ayacucho; y, en el caso del distrito de Aquia, provincia de Bolognesi (Áncash), respecto de minera Antamina, en el que se bloqueó la carretera e incendió un camión cisterna.

Análisis

No es novedad que los inicios de gestiones gubernamentales estén marcados por la agudización de la conflictividad social. Estos son la manifestación de la búsqueda de los actores sociales por posicionar sus demandas y establecer nuevas relaciones de poder frente al Estado y las empresas, para la atención de los problemas y sus intereses y necesidades. En ese sentido, los conflictos sociales, en tanto expresión de tensiones y antagonismos en el ámbito público y en relación con demandas de garantía de derechos al Estado, tienen una naturaleza política. Y no solo por el hecho que, eventualmente, existan actores sociales o políticos, involucrados con agendas e intereses políticos personales.

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a) Gestión de conflictos sociales por el actual Gobierno

Habiendo la Premier gestionado las crisis referidas, logrando levantar las medidas de fuerza mediante negociación directa, y encaminando estos hacia procesos institucionales a través de Mesas de Diálogo para buscar la resolución de los conflictos; y, habiendo, asimismo, logrado el voto de confianza en el Congreso, tiene ahora una ventana de tiempo para desarrollar el enfoque preventivo que ha declarado implementar. Una ventana de tiempo que probablemente no durará mucho por la complejidad de las condiciones y dinámicas sociales y políticas.

La buena noticia es que, en realidad, no tiene que empezar a implementar un enfoque preventivo. Tiene la posibilidad de retomar el enfoque y trabajo preventivo, impulsado de manera profesional durante el Gobierno de Transición, y desestructurado los primeros 100 días por el gabinete Bellido. Eso pasa por dos condiciones fundamentales: fortalecer el equipo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y entender -y potenciar los mecanismos institucionales para hacerlo posible- que el abordaje de la conflictividad social en el país tiene que realizarse desde una perspectiva sistémica, integral y estratégica, alineando y articulando distintas dimensiones, que se condicionan y estructuran unas a otras: la gestión política, la gestión pública, la gestión social preventiva, la gestión del diálogo en la atención de los conflictos, y la gestión de la seguridad.

Lamentablemente, durante los primeros 100 días del actual gobierno la gestión del Premier Bellido no solo se perdió valioso tiempo para la gestión gubernamental de conflictos, sino que el enfoque y formas de trabajo afectaron el trabajo profesional. No solo se desestimó en la práctica el trabajo profesional que se venía realizando, mas se demoró y dificultó el sostenimiento del equipo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, que cuenta con gestores territoriales en todo el país, relegándolo por una forma de intervención personalista del propio Premier.

Esto levantó las expectativas en todo el país, tanto sobre la presencia del más alto nivel de gobierno -cosa inviable e insostenible- y la atención inmediata y maximalista de las demandas por parte de un gobierno elegido con una amplia base electoral en las zonas de mayor conflictividad social. Un manejo de la conflictividad meramente desde el plano simbólico y político, sin un claro manejo y articulación con la gestión pública y la gestión de conflictos de manera profesional y técnica, en un contexto de pandemia y necesidades y brechas sociales estructurales, tiene como consecuencia la frustración y agudización del malestar y el escalamiento consecuente y simultáneo de conflictos en distintos escenarios del país.

b) Gestión de conflictos sociales por el pasado Gobierno de transición y emergencia

b.1) El enfoque adoptado

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM (SGSD-PCM), dependiente del Viceministerio de Gobernanza Territorial, es la entidad responsable de articular la respuesta gubernamental a la conflictividad. Con la pandemia y la crisis política, el Gobierno de Transición y Emergencia (noviembre 2020- julio 2021) recibió a una SGSD-PCM impactada por la inestabilidad institucional. Esto se evidenció en equipos disminuidos y el trabajo sin articulación entre subsecretarías; debilitada articulación intersectorial e intergubernamental, con las oficinas de gestión social y diálogo de los ministerios y los gobiernos regionales; falta de una metodología integrada en la gestión de la información; desactualización del sistema informático que registra casos y emite las alertas; suspensión de los procesos de diálogo debido a la pandemia; intervenciones coyunturales más que estratégicas; y la falta de seguimiento sistemático e integrado de compromisos asumidos en procesos de diálogo.

La pauta política de la actuación de gobierno, sobre la que construyó el enfoque y estrategia de trabajo en la prevención y gestión de la conflictividad, marcada por el presidente Sagasti, dado el alto grado de desconfianza política y social, fue “no prometer lo que no se puede cumplir y cumplir lo que se promete.” A partir de ellos, el trabajo profesional de la SGSD se orientó a:

  • Fortalecer profesionalmente al equipo y la articulación del trabajo de la SGSD.
  • Reorganizar los roles de las subsecretarías en el proceso integral de prevención y gestión de la conflictividad: análisis, alerta, prevención, gestión de casos, y monitoreo de compromisos.
  • Fortalecer la gestión de la información a través de la Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información (SSPI).

 

  • Gestionar el diálogo de manera estratégica para la prevención y atención de conflictos, escuchando y atendiendo a la ciudadanía en sus necesidades, intereses y preocupaciones, y dialogando proactivamente con el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.

 

  • Consolidar la articulación con los sectores del gobierno nacional y los gobiernos regionales, en espacios semanales, y de manera continua en los procesos en los territorios.

 

  • Atención prioritaria a los casos en riesgo inminente (alto/pre crisis) y crítico (muy alto/crisis) con el acompañamiento a los sectores competentes o la facilitación directa del diálogo.

 

  • Monitorear y gestionar los compromisos asumidos en procesos de diálogo, mediante una reorganizada Subsecretaría de Gestión de Compromisos (SSGC), a través de una nueva plataforma informática, sistematizando los acuerdos y emitiendo alertas de cumplimiento a los sectores responsables. Además de atender y brindar asistencia a las autoridades locales.

 

  • Desarrollar un programa de capacitación en gestión de conflictos a los funcionarios del gobierno nacional y de los gobiernos regionales.

 

  • Elaborar y promover instrumentos de gestión gubernamental de la conflictividad sobre la base de la experiencia de trabajo realizada, con el fin de fortalecer la institucionalidad, entre los que se tienen:
    • Nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
    • Protocolo para el Desarrollo de Reuniones Digitales No Presenciales (RS N° 001-2021-PCM/SGSD).
    • Lineamientos y protocolos para la intervención del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Locales, en materia de gestión social y diálogo (RSGSD N° 008-2021-PCM/SGSD).
    • Lineamientos para la Promoción de la Participación Significativa de Mujeres en los Procesos de Diálogo para la Atención de Conflictos Sociales (RSGSD N° 009-2021-PCM-SGSD).
    • Protocolo de Monitoreo y Seguimiento de Compromisos (RSGSD N° 006-2021-PCM-SGSD).
    • Manual Operativo de la secretaria de Gestión Social y Diálogo (RSGSD N° 007-2021-PCM-SGSD).

 

b.2) Resultados obtenidos

Como resultado de este trabajo, durante el Gobierno de Transición y Emergencia se monitorearon y atendieron un total de 206 conflictos sociales, de los cuales, a finales de julio, 118 se mantenían activos en algún nivel de riesgo para la gobernabilidad democrática, la gobernanza territorial, los derechos fundamentales y el orden público (bajo, intermedio, inminente o alto, y crítico) y 88 pasaron a considerarse como inactivos, ya sea porque se resolvieron las demandas sociales o por algún otro factor. Semana a semana, la SGSD atendía alrededor de tres casos en crisis y veinte casos en riesgo inminente (pre crisis). El 35% de estos casos eran de tipo minero socioambiental.

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Así, se atendieron casos y escenarios de conflictividad emblemáticos, los cuales se mantuvieron en niveles de riesgo manejables (agroexportadores, Ayacucho Sur, Corredor Vial Sur, paro de transportistas y pescadores artesanales, cuenca del río Coralaque, impactos socioambientales en Puno, ámbito petrolero amazónico, Lomo de Corvina, entre otros). En ningún caso se afectó gravemente la gobernabilidad democrática. Las actividades económicas se recuperaron y se desarrollaron. No hubo fallecidos durante el 2021 producto de la intervención y gestión gubernamental en conflictos sociales, ni tampoco en el polarizado y confrontacional contexto post electoral, en el que se llegaron a movilizar cerca de 128 mil personas en todo el país durante 44 días (coyuntura que la SGDS también monitoreó).

Así se afirmó el Estado de Derecho y se legitimó la autoridad ejercida democráticamente respetando derechos y libertades, con enfoque de derechos humanos. Se mejoró la coordinación y articulación estatal en la atención preventiva de conflictos, en diálogo permanente con comunidades, empresas y autoridades locales. Se continuó atendiendo las demandas ciudadanas a pesar de las crisis sanitaria, económica y política, a través del diálogo, incorporando además herramientas digitales para procurar el máximo cuidado de la vida y salud de las personas. La conflictividad no tuvo que ser atendida a los más altos niveles del gobierno nacional de manera personal y directa como lo fue durante otros períodos gubernamentales pre pandemia. El presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros se pudieron concentrar en tareas urgentes de la transición y la emergencia sanitaria como el proceso de vacunación, la recuperación económica y la gobernabilidad en el marco del proceso electoral. 

Javier Caravedo Chocano. Director de la asociación civil ProDiálogo. Ex Subsecretario de Prevención y Gestión de la Información de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM.


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