Castillo presentó observaciones a la autógrafa de ley, aprobada por el Congreso, que impide el nombramiento a los cargos de ministro y viceministro de personas procesadas o sentenciadas. La observación del Ejecutivo fue también suscrita por el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres.

La autógrafa fue aprobada en segunda votación por el pleno del Parlamento el pasado 13 de enero. El 8 del mes de febrero, la autógrafa se remitió al Gobierno. Así, el 1 de marzo, las observaciones la autógrafa fueron remitidas al Legislativo.

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¿Qué plantea la autógrafa de ley?

Mediante modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la norma plantea que, para ser nombrado Ministro de Estado, además de lo señalado en la Constitución Política, el que ocupe el cargo no debe contar con sentencia condenatoria en primera instancia, en calidad de autor cómplice, por delito doloso, ni estar inhabilitado para ejercer cargo público.

Así también, la norma propone prohibir el nombrar como primer ministro, ministro de Defensa, ministro del Interior, o como viceministro en esos sectores, personas con una acusación fiscal o en medio de un juicio por delitos de terrorismo o tráfico ilícito de drogas.

Asimismo, la norma plantea que la resolución en la que se nombre a un ministro debe tener anexada su declaración jurada. Allí se debe detallar que cumple los requisitos para el puesto e informar sobre “las investigaciones fiscales, los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales está o estuvo incurso en calidad de imputado o cómplice”. También sobre el estado de esos procesos y si han concluido, sus sentencias o resoluciones.

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Cuestionamientos

Acorde al Gobierno, la medida resultaría inconstitucional en tanto pretende que una ley establezca exigencias no reguladas en la Constitución, referidas a los requisitos para el cargo de ministro.

Asimismo, consideran que la autógrafa vulnera el principio de separación de poderes del Estado, debido a que establece reglas que inciden en la atribución exclusiva y excluyente del presidente de la República para nombrar ministros de Estado.

Por otro lado, el Ejecutivo refiere que no hay justificación constitucional en la ley, ya que no se ha evaluado proporcionalmente la posibilidad de que estas restricciones vulneren la presunción de inocencia.

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