El nepotismo o la contratación de familiares cercanos en el ámbito público podría convertirse en un delito sancionable hasta con cuatro años de prisión, de acuerdo a un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República.

Se trata de una iniciativa de la congresista Mery Infantes Castañeda, de la bancada de Fuerza Popular.

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La congresista señala que, pese a que la ley prohíbe y sanciona esta práctica en el Estado, solo es sancionable por la vía administrativa y eventualmente por la vía civil, pero no en el ámbito penal.

Así, actualmente, quien incurre en nepotismo puede ser sancionado administrativamente (hasta con la destitución del cargo) y requerírsele el pago de una indemnización por el perjuicio causado al Estado; sin embargo, no puede imponérsele una sanción penal, pues esta práctica no es considerada un delito.

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¿Cuál es la propuesta?

Se propone incorporar al Código Penal el artículo 381-A, a fin de que el funcionario con facultad de nombramiento y contratación de personal, que contrate o induzca a contratar “a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad (…) será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de cuatro años”.

La prohibición se extiende a la suscripción de contratos de locación de servicios, contratos de consultoría, y otros de naturaleza similar.

¿Qué se señala la exposición de motivos?

La propuesta responde que las prácticas nepotistas afectan seriamente el correcto funcionamiento de la Administración Pública.

Descargue el Proyecto de Ley N° 1497/2021-CR